Autor: Aingeru Ruiz. Imágen: Casas en Pasilaiciai (Vilnus, Lituania). Autor: Augustas Didzgalvis, Licencia CC: Attribution-Share Alike.
Desde hace unos pocos años, un curioso fenómeno expresado sobre todo en redes sociales está causando debate en la opinión pública alemana: el DDR Museum de Berlín, concebido originalmente para exponer de forma inmersiva una imagen gris, monótona y asfixiante de la extinta Alemania Oriental, está causando exactamente el efecto contrario en sus visitantes más jóvenes.
El museo estaba diseñado para que el público abriera los armarios de una estrecha cocina de los años 70 y sintiera alivio por vivir en el vibrante Occidente capitalista. Sin embargo, cuando los jóvenes de veintitantos años examinan las réplicas de los recibos mensuales de los austeros bloques prefabricados (Plattenbau), entran en shock. Descubren que un trabajador de la RDA destinaba apenas entre el 3% y el 5% de su salario para cubrir el alquiler, la calefacción y el agua caliente de su vivienda. Todo ello garantizado de por vida.
La ironía es inevitable. Al salir de la exposición, esos mismos jóvenes regresan a un Berlín contemporáneo asfixiado por la gentrificación, donde macrofondos de inversión acaparan decenas de miles de viviendas y donde pagar una simple habitación consume habitualmente más de la mitad de sus ingresos. De repente, la “grisura” del bloque de hormigón soviético deja de parecerles una distopía autoritaria para convertirse en un paraíso material inalcanzable.
Esta fascinación juvenil no es simplemente Ostalgie (la famosa nostalgia por el Este), es el síntoma de una fractura sistémica. Las nuevas generaciones están descubriendo que el derecho a un techo es esencial y que el libre mercado, con toda su tecnología y sus promesas, ha sido incapaz de proporcionarlo.
1. La crisis de la vivienda bajo el modo de producción capitalista
En el marco del modo de producción capitalista, la vivienda adolece de una contradicción fundamental, en términos del propio Marx: la primacía de su valor de cambio sobre su valor de uso. Es decir, la vivienda no se concibe prioritariamente como el espacio material para la reproducción de la vida humana, sino como un activo financiero, un refugio de valor y un instrumento para la especulación y la acumulación de capital.
Esta condición conduce a la anarquía de la producción y distribución del espacio habitacional. Asistimos a una paradoja estructural: la coexistencia de sobreproducción inmobiliaria y carestía extrema. El Estado español y Euskal Herria son ejemplos paradigmáticos de esta disfunción. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el Estado español existen en el 2021 más de 3 millones de viviendas vacías, mientras que se ejecutan decenas de miles de desahucios anualmente y la tasa de emancipación juvenil es una de las más bajas de Europa. En Euskal Herria, ciudades como Donostia o Bilbao sufren una presión rentista brutal que expulsa a las clases trabajadoras hacia las periferias, evidenciando que el mercado es inherentemente incapaz de asignar el recurso habitacional de forma racional y humana. El problema de la vivienda no es exclusivo del Estado español, sino un fenómeno global que se está agravando año tras año. De hecho, como podemos ver en el siguiente gráfico, el caso español no es ni tan siquiera el más flagrante en el contexto europeo.
Gráfico sobre carestía de la vivienda (fuente: El Orden Mundial, José Luis Marín).

2. El paradigma socialista: la socialización de los medios y el autogobierno
La superación de esta crisis estructural requiere algo más que los simples parches a los que recurren nuestros gobernantes, que en el mejor de los casos sirven como tratamiento paliativo para una enfermedad crónica. Los comunistas planteamos desde hace décadas una solución que va a la raíz de esta cuestión: el paso hacia un modelo socialista en el que la clase trabajadora se apropie de los medios de producción, el suelo y el capital inmobiliario, adquiriendo, con ello, la capacidad de gobernar su reproducción social.
Centrándonos en la vivienda, al abolir la propiedad privada, la vivienda experimenta una desmercantilización absoluta: deja de ser una mercancía para convertirse en un bien social. El criterio prioritario que orientaría su gestión sería el de la satisfacción de las necesidades y deseos de la sociedad, no los de los inversores.
La sociedad en su conjunto asume el control sobre la planificación, producción y distribución del parque de viviendas, sustituyendo la anarquía del mercado por la racionalidad de la planificación democrática y el autogobierno ciudadano.
Más allá de las formulaciones teóricas y abstractas —ya conocidas y debatidas extensamente—, resulta urgente abordar cómo se llevaría a la práctica un modelo habitacional socialista en el siglo XXI.
Los comunistas tenemos la tarea de hegemonizar el socialismo como salida a la barbarie capitalista. En ello nos encontramos con numerosos obstáculos. Uno de ellos es que, cuando la sociedad se pregunta si tiene sentido luchar por una alternativa, la imagen automática que proyecta su mente es el recuerdo de las experiencias del siglo XX: las listas de espera, la burocracia asfixiante y la estandarización rígida. Esta carga histórica, alimentada por toneladas de propaganda, pero también por la realidad de la experiencia socialista pasada, alimenta lo que el filósofo Mark Fisher denominó “realismo capitalista”: el bloqueo estructural que convierte cualquier alternativa en utopía infantil o nostalgia autoritaria. Para atajar este obstáculo necesitamos ser capaces de proponer alternativas viables que hagan del socialismo un proyecto deseable.
El marco que desarrollamos a continuación no nace de la abstracción ni del voluntarismo. Se construye, en primer lugar, sobre el análisis crítico de las experiencias socialistas del siglo XX —asimilando tanto sus conquistas como sus fracasos— y, en segundo lugar, sobre las herramientas que la tecnología contemporánea pone hoy a disposición de una planificación verdaderamente democrática. En este sentido, se inscribe en la tradición del cibercomunismo, cuyo programa riguroso busca demostrar cómo el Big Data, las redes informáticas y la planificación algorítmica pueden organizar la economía de forma superior al mercado sin reproducir la opacidad burocrática del socialismo realmente existente.
Es fundamental subrayar, finalmente, que este ejercicio no pretende dictar un dogma. Una sociedad emancipada sería radicalmente soberana para decidir su propio destino. El objetivo de este texto es más modesto y necesario a la vez: desplegar el abanico de opciones y herramientas técnicas a las que esa sociedad se enfrentaría, cartografiar las posibilidades para demostrar, de forma material y lógica, que existe una salida a la distopía inmobiliaria en la que habitamos.
3. Antecedentes históricos
Antes de proponer una arquitectura institucional para el futuro, el rigor nos exige analizar cómo se gestionó la vivienda en las experiencias socialistas del siglo XX. El balance histórico nos arroja cuatro grandes modelos que, con sus enormes conquistas y sus fatales contradicciones, nos señalan exactamente qué errores no debemos repetir.
El modelo soviético: el monopolio estatal y la alienación burocrática
La URSS apostó por la estatalización casi absoluta del parque inmobiliario. El Estado central, a través de la planificación, construía, mantenía y asignaba los pisos. Su éxito fue innegable a la hora de erradicar el sinhogarismo y levantar ciudades enteras en tiempo récord (Harloe, M., 1995; Smith, M.B., 2010). Sin embargo, su talón de Aquiles fue doble y de naturaleza distinta. Por un lado, una escasez estructural: la industrialización acelerada desplazó decenas de millones de personas a las ciudades en pocas décadas y la planificación central, que priorizaba sistemáticamente la industria pesada sobre los bienes de consumo, nunca destinó suficiente inversión al parque residencial. Sin mecanismos que comunicaran al planificador dónde y qué tipo de vivienda demandaba la población, la construcción era cuantitativamente insuficiente y cualitativamente mal distribuida. El resultado fueron listas de espera de más de una década para los jóvenes trabajadores. Por otro lado, una injusticia distributiva de raíz política: la burocracia (nomenklatura), que concentraba el poder de asignación sin rendición de cuentas democrática, utilizaba esa discrecionalidad para acceder a los mejores pisos. Estas dos patologías —escasez y privilegios— son analíticamente distintas y exigen soluciones distintas, como veremos en la propuesta que desarrollamos a continuación.
El modelo cubano: la trampa de la propiedad atomizada
La Revolución cubana intentó algo radicalmente distinto tras la Ley de Reforma Urbana de 1960: erradicó a los caseros convirtiendo a todos los inquilinos en propietarios privados de sus viviendas, pero prohibió la compraventa mediante dinero para evitar la especulación. Esto generó dos problemas sistémicos. Primero, un inmovilismo vital absoluto: al no haber mercado ni asignación estatal ágil, para mudarte dependías del ineficiente sistema de la “permuta” (encontrar a otra familia que quisiera intercambiar su casa exactamente por la tuya). Segundo, al hacer a cada familia propietaria privada, el Estado se desentendió del mantenimiento estructural de los edificios, lo que, junto a las limitaciones económicas del bloqueo económico, contribuyó a un profundo deterioro del parque inmobiliario (González Couret, D., 2011). El intento de enmendar esto en 2011, legalizando de nuevo la compraventa en un contexto de escasez, solo ha servido para recrear la desigualdad, dolarizando el mercado y dejando las mejores casas en manos de quienes reciben remesas del extranjero.
El modelo yugoslavo: socialismo de mercado y desigualdad estructural
Yugoslavia inventó una tercera vía basada en la autogestión obrera descentralizada. El Estado central no proveía las casas; eran las propias empresas e industrias las que, con parte de sus beneficios, construían viviendas para sus trabajadores (Pichler-Milanović, N., 1994). Sobre el papel sonaba democrático, pero al estar inmerso en un “socialismo de mercado”, generó unas desigualdades brutales. Si trabajabas en una empresa rica y exportadora en Eslovenia, tu fábrica te construía un piso de lujo rápidamente. Si trabajabas en una industria deficitaria en una zona rural, o si eras un joven estudiante o desempleado fuera del sistema fabril, estabas condenado a la infravivienda o al mercado negro del alquiler (Mandič, S., 1996).
El modelo de la RDA: las cooperativas (AWG) y la síntesis exitosa
Frente a las fallas de los sistemas anteriores, la República Democrática Alemana (RDA) desarrolló uno de los modelos habitacionales más equilibrados: las Cooperativas de Construcción de Viviendas de Trabajadores (AWG). Ante la escasez de recursos estatales para construir a la velocidad requerida, la RDA propuso un pacto a los ciudadanos. El Estado proveía aquello que solo la macroeconomía puede garantizar: suelo gratuito, planos y créditos bancarios sin intereses. A cambio, los ciudadanos que formaban la cooperativa aportaban una pequeña cuota económica y, sobre todo, trabajo: cientos de horas de trabajo físico construyendo el edificio con sus propias manos durante los fines de semana. Esta posibilidad les permitía saltarse las listas de espera de acceso a viviendas estatales a través de su propio esfuerzo, obteniendo un derecho de uso vitalicio y heredable (Rowell, J., 2005). Y lo más importante: al haber levantado los muros ellos mismos, el nivel de cuidado, mantenimiento y cohesión vecinal era inmensamente superior al de la vivienda estrictamente pública.
4. Arquitectura institucional y autogestión democrática
Antes de describir la arquitectura institucional del nuevo modelo, es necesario responder a una pregunta práctica inevitable: ¿cómo se pasa del modelo de vivienda actual al modelo propuesto? La transición no parte de cero, sino de la herencia material del capitalismo: millones de viviendas distribuidas de forma radicalmente desigual, con una parte significativa concentrada en manos de fondos de inversión y grandes propietarios.
El primer acto de un gobierno socialista en materia de vivienda sería, por tanto, un inventario exhaustivo: cuántas viviendas existen, dónde están, en qué estado y quién las controla. Paralelamente, se estimaría la demanda real de la población: cuántas familias carecen de vivienda adecuada, cuántas están en situación de hacinamiento, cuál es la proyección demográfica por territorios.
Con ese diagnóstico en mano, el plan de transición combinaría dos vías simultáneas. Por un lado, la expropiación progresiva: comenzando por los grandes tenedores —fondos buitre, SOCIMI, propietarios de decenas o cientos de inmuebles— e incorporando ese parque al patrimonio comunal de forma gradual y ordenada, priorizando aquellas viviendas vacías o infrautilizadas. Por otro, la construcción planificada de nueva vivienda, dimensionada para cubrir el déficit que la expropiación no pueda absorber por sí sola.
4.1. Asignación digital y democracia directa
El socialismo exige que la socialización de la riqueza material vaya indisolublemente unida a una democratización del poder político. No basta con sustituir a los fondos buitre por un ministerio opaco; necesitaríamos construir una arquitectura institucional completamente nueva.
Para vehicular este nuevo modelo, el socialismo requiere instituciones de nuevo tipo, ágiles y directamente participativas. Con el fin de poder explicar mejor las posibilidades de una gestión socialista de la vivienda, hablaremos de un hipotético “Consejo Mundial de la Vivienda” como órgano coordinador global con sedes regionales y locales desde el que se gestionarían las decisiones respecto al parque inmobiliario. Estos órganos estarían integrados en los distintos nodos de planificación cibernética, garantizando una producción y distribución acorde a las necesidades de la sociedad.1
La composición de estos consejos rompería de raíz con la burocracia tradicional. Estarían integrados mediante mecanismos de democracia directa, combinando representantes electos de forma revocable con la insaculación (elección por sorteo entre la ciudadanía), garantizando así que la gestión habitacional no sea monopolizada por una élite tecnocrática o un partido, sino que responda a la inteligencia colectiva.2
4.2. El coste de habitar: Gratuidad, contraprestación y acceso universal
Para comprender por qué un modelo socialista de vivienda podría ofrecer costes habitacionales radicalmente inferiores a los actuales, es necesario descomponer el precio de mercado de una vivienda en sus componentes reales. La literatura económica identifica sistemáticamente que el precio final de una vivienda en el mercado capitalista incluye, además del coste real de construcción y mantenimiento, tres sobreprecios estructurales que nada tienen que ver con su valor de uso: la renta del suelo (la parte del precio atribuible al valor de la localización y no a ningún trabajo productivo), el margen de beneficio del promotor y el coste financiero del crédito hipotecario (Davis, M.A. & Heathcote, J. 2007). Estudios empíricos muestran que el componente del suelo puede representar entre el 40% y el 60% del precio total de una vivienda en zonas urbanas de alta demanda, siendo además el componente de mayor volatilidad y el principal motor de los ciclos especulativos (Bostic, R. et al. 2007). Al socializar el suelo —convirtiéndolo en bien comunal no mercantilizable— y eliminar el beneficio del promotor privado y el interés bancario de la ecuación, el coste habitacional real se reduciría drásticamente, acercándose al coste efectivo de construcción y mantenimiento.
Teniendo esto en cuenta, la primera gran decisión democrática sobre este parque público sería su modelo de financiación. Se abrirían aquí principalmente dos vías:
La gratuidad absoluta: Podríamos decidir que la vivienda fuera un bien gratuito, cuya construcción y mantenimiento se dedujera íntegramente del Fondo Social Común3. Si bien esto universaliza el derecho a la vivienda de forma radical, presenta riesgos de ineficiencia al no existir un mecanismo que racionalice el consumo de recursos espaciales. Si la vivienda fuera absolutamente gratis, la demanda de casas grandes tendería al infinito, y esto, en un sistema que tendería a la satisfacción de la demanda social, supondría escasez artificial y listas de espera.
La contraprestación por uso: La alternativa superior en términos de transparencia macroeconómica sería cobrar un “alquiler” en bonos de trabajo. El ciudadano abonaría mensualmente el coste fraccionado de la construcción amortizada y el mantenimiento. Este modelo evita el despilfarro de materiales, ya que conecta directamente el consumo del individuo con su aporte laboral a la sociedad, sin que exista, por supuesto, ganancia para ningún arrendador. La contraprestación por uso activa un cálculo racional en los consumidores: algunos estarán dispuestos a dedicar una parte mayor que otros a la vivienda, expresando una demanda de vivienda racionalizada y, con ello, una producción racional también.
En cualquier caso, el acceso universal estaría garantizado. La sociedad podría deducir una parte de la riqueza total para cubrir, mediante el Fondo Social, el coste habitacional de quienes no pueden trabajar o hacerse cargo de los pagos (menores, jubilados, personas con diversidad funcional o en situación de vulnerabilidad). A diferencia de lo que ocurre bajo el capitalismo, bajo el socialismo, la disposición de este fondo no contradiría los intereses de grandes lobbies que pudieran oponerse a él.
4.3. Mantenimiento y asambleas vecinales
Una vez asignado el usufructo, la sociedad debería cuestionarse la gestión ordinaria del edificio en sí. En este caso, cabrían dos opciones: su gestión por parte del consejo de vivienda local (o equivalente) o la gestión por parte de una asamblea de vecinos del bloque. Las comunidades tendrían total autonomía para gestionar su mantenimiento, bien mediante el trabajo cooperativo directo (turnos rotativos para ahorrar bonos) o contratando a través de la plataforma a empresas públicas de servicios, cuyo coste en horas de trabajo se sumaría a la cuota mensual del bloque.
Respecto a las obras en la vivienda y el edificio, habría que jerarquizar la importancia de las mismas, de forma que algunas de ellas (las estéticas) correrían a cargo de los vecinos y otras (las funcionales) podrían correr a cargo del fondo común, contemplando toda una escala de grises a determinar por los ciudadanos.
4.4. La socialización del trabajo reproductivo: el regreso de la Casa-Comuna
Si la sociedad es soberana en la gestión de la vivienda, también debemos cuestionar el diseño doméstico. El modelo capitalista actual, basado en el apartamento nuclear aislado, es extremadamente ineficiente en consumo de recursos y tiempo.
Durante la década de 1920, los arquitectos constructivistas soviéticos impulsaron los Dom-Kommuna (casas-comuna), como el célebre edificio Narkomfin. Su objetivo era liberar a la población —y especialmente a las mujeres— de la “esclavitud del trabajo doméstico” sustituyendo cocinas y lavaderos individuales por comedores, lavanderías y guarderías comunitarias. Analizado bajo la óptica del cibercomunismo, este modelo (hoy asimilable al cohousing) tiene una racionalidad económica abrumadora que abarata la vivienda por una doble vía:
- Ahorro en materiales: Equipar 40 viviendas con 40 cocinas exige multiplicar electrodomésticos, fontanería y cableado. Centralizar estos servicios en una planta baja reduce drásticamente el consumo de recursos, desplomando el coste del “alquiler socialista” para los residentes.
- Ahorro en tiempo reproductivo: Que 40 familias dediquen 2 horas diarias a cocinar suma 80 horas de trabajo no remunerado. Un equipo de 3 cocineros profesionales preparando comida para esas mismas familias requiere apenas 8 horas diarias, lo que suma un total de 24. La comunidad recupera cientos de horas semanales para el ocio.
Esta racionalización alcanza su máxima eficiencia a escala de “supermanzana”. Inspiradas en los Bar Mleczny (bares de leche) de la Polonia socialista, el urbanismo podría planificar redes de cantinas de barrio diversas (comida local, vegana, internacional) donde el ciudadano abonaría el plato con bonos de trabajo equivalentes al coste de los ingredientes y el servicio.
Lo mismo ocurriría con centros logísticos de lavandería por bloque, operados por profesionales, superando el desastre ecológico de fabricar millones de lavadoras domésticas programadas para la obsolescencia. Por supuesto, en un modelo socialista, el cohousing no sería obligatorio. Si una familia desea un apartamento con cocina privada, el sistema de costes calculará el mayor coste material de esa infraestructura y la familia abonará una cuota proporcionalmente mayor. El sistema no prohíbe el modo de vida nuclear, pero incentiva materialmente las formas de convivencia más sostenibles. Además, la socialización de los trabajos de cuidados nos abre perspectivas muy interesantes sobre cómo podríamos abordar la brecha de género en lo relativo a trabajo productivo y reproductivo.4
4.5. La gestión de la escasez: las zonas de alta demanda
Una cuestión ineludible es la gestión de lugares físicamente limitados y particularmente deseables (centros urbanos, vistas al mar). Para evitar que una élite burocrática acapare estos pisos, como tendía a ocurrir con la nomenklatura soviética, existen varias alternativas de planificación.
Se podría fijar un precio estable y asignar las viviendas mediante listas de espera y sorteos. No obstante, una alternativa más dinámica sería establecer un mercado simulado de consumo. Cuanto más interés exista por una ubicación, más aumentaría, proporcionalmente, el sistema su precio en bonos. Una persona podría decidir gastar la mayor parte de sus ingresos en un piso céntrico, mientras que otra preferiría vivir en las afueras, pagar mucho menos y usar sus bonos sobrantes en viajes o en reducir su jornada laboral. Estos bonos “extra” no irían a un casero, sino al Fondo Común para financiar la renovación del parque inmobiliario global. Adicionalmente, se podrían aplicar bonificaciones algorítmicas para dar prioridad a ciudadanos que necesiten vivir cerca de su centro de trabajo o de su red de apoyo familiar.
En este sentido, debemos repensar también el diseño urbano que genera zonas muy deseables y otras muy indeseables. Ciertamente la transición al socialismo heredará la ciudad capitalista: megalópolis hiperconcentradas, zonificadas y dependientes del vehículo privado, donde el centro es un activo financiero y la periferia un “almacén” de fuerza de trabajo.
En el proceso de reequilibrio territorial, una medida clave será tomar la supravivienda (mansiones y casas muy grandes) y dividirlas en unidades más funcionales que puedan usar varias familias. Pero esto es insuficiente respecto a las posibilidades que tendríamos. La URSS fue un terreno fértil para el desarrollo de propuestas urbanas disruptivas, una de las más inspiradoras fue el microdistrito. Aquel modelo alojó a millones de personas diseñando unidades vecinales donde todos los servicios esenciales estaban a menos de 500 metros a pie, generando ciudades policéntricas (Brade, I., Herfert, G. & Wiest, K., 2009). Curiosamente, el urbanismo de vanguardia actual (ciudad de los 15 minutos, Supermanzanas) propone exactamente lo mismo (Moreno, C., Allam, Z., Chabaud, D., Gall, C. & Pratlong, F., 2021).
El problema es que, bajo el capitalismo, estas mejoras urbanas generan “gentrificación verde”: revalorizan el suelo y expulsan a la clase trabajadora. Al ser el suelo comunal, el socialismo suprime las rentas de monopolio. Siguiendo los principios de distribución que hemos mencionado hasta el momento, este problema no se daría.
4.6. El derecho al descanso: Turismo planificado y demografía
El sistema también democratizaría el ocio y el uso de la segunda residencia, un privilegio hoy inalcanzable para millones de trabajadores en el mundo.5 En lugar del ineficiente modelo capitalista de mantener casas vacías el 90% del año, se podría establecer una plataforma rotativa de vivienda vacacional. Los ciudadanos utilizarían sus bonos para reservar estas residencias, operando a su máxima capacidad y a un coste libre de especulación.
Esto transforma radicalmente el fenómeno del turismo. Bajo el capitalismo, el turismo masivo gentrifica porque visitantes con alto poder adquisitivo compiten por los recursos de locales con salarios bajos. En el socialismo, esta asimetría desaparece: la matriz productiva anticipa las necesidades de consumo de los turistas y abastece la región sin generar inflación ni desabastecimiento local, ya que los precios responden al tiempo de trabajo y no a la subasta de mercado.
Aun así, la población local podría decidir democráticamente reducir, pongamos, a la mitad la afluencia de visitantes de su territorio. Llegados a ese punto, la oficina regional de planificación debería mostrarle a la entidad territorial las distintas alternativas que permitieran llevar la decisión a cabo. Básicamente, podríamos enumerar tres posibilidades disponibles en distintos grados: (1) la reconversión de ese sector, lo que exigiría una coordinación negociada entre entidades locales para determinar dónde instalar las industrias planificadas; (2) promover una reducción demográfica y (3) reajustar el ritmo de reconversión de la industria turística en otra.
Conclusión: recuperar el derecho al futuro
La crisis de la vivienda no es un error del sistema capitalista; es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado: extrayendo rentas del trabajo a través de la monopolización de una necesidad humana básica. Durante décadas, el “realismo capitalista” nos ha convencido de que la única alternativa a este expolio era el retorno a la burocracia del siglo XX, forzándonos a elegir entre la tiranía del mercado y la tiranía del burócrata.
Sin embargo, como hemos esbozado a lo largo de este texto, la tecnología contemporánea ha roto esa dicotomía. La gigantesca infraestructura computacional que hoy utilizan corporaciones transnacionales y fondos de inversión para planificar su logística interna y maximizar el beneficio privado, puede y debe ser expropiada. Al poner el Big Data, las matrices de insumo-producto y la planificación algorítmica al servicio de instituciones radicalmente democráticas, podemos coordinar la complejidad del mundo moderno sin renunciar a la libertad ni a la sostenibilidad.
Volvamos, para cerrar, a aquellos jóvenes frente a la vitrina del DDR Museum. Su asombro ante el recibo de alquiler del Plattenbau no es nostalgia ni ingenuidad: es el reconocimiento intuitivo de una verdad material que este texto ha intentado demostrar con rigor. Lo que aquella cifra revela no es la superioridad moral de un régimen concreto, con todas sus contradicciones y su déficit democrático, sino algo mucho más simple y poderoso: que cuando se elimina la especulación del suelo, el beneficio del promotor y la usura del crédito de la ecuación de la vivienda, el coste real de proporcionar un techo digno a cada persona es una fracción modesta del esfuerzo laboral humano. El capitalismo no encarece la vivienda porque construirla sea caro. La encarece porque ha convertido el suelo, la necesidad y el tiempo en mercancías. Esos jóvenes no piden volver al hormigón gris ni a la Stasi. Piden que la tecnología, la riqueza y el conocimiento acumulados por la humanidad en el siglo XXI sirvan por fin para garantizar lo que el siglo XX ya demostró técnicamente posible: que ningún ser humano dedique más de una fracción de su vida a pagar el derecho a existir bajo un techo.
Bibliografía
Bostic, R. et al. (2007). “Land leverage: Decomposing home price dynamics”. Real Estate Economics.
Brade, I., Herfert, G. & Wiest, K. (2009). “Recent trends and future prospects of socio-spatial differentiation in urban regions of Central and Eastern Europe”. Progress in Planning, 72(2).
Davis, M.A. & Heathcote, J. (2007). “The price and quantity of residential land in the United States”. Journal of Monetary Economics, 54(8).
Fisher, M. (2009). Capitalist Realism: Is There No Alternative? Zero Books.
González Couret, D. (2011). “Half a century of social housing in Cuba”. Revista INVI, 26(73), 17–64.
Gössling, S. & Humpe, A. (2020). “The global scale, distribution and growth of aviation: Implications for climate change”. Global Environmental Change, 65.
Harloe, M. (1995). The People’s Home? Social Rented Housing in Europe and America. Blackwell.
Mandič, S. (1996). “The changing role of housing: Affordability and its impacts on housing mobility”. Urban Studies, 33(1), 83–97.
Marín, J.L. (2025). “Ratio precio de la vivienda / ingresos de la población en Europa”. El Orden Mundial. Datos: OCDE (2024).
Moreno, C., Allam, Z., Chabaud, D., Gall, C. & Pratlong, F. (2021). “Introducing the ‘15-Minute City’: Sustainability, resilience and place identity in future post-pandemic cities”. Smart Cities, 4(1), 93–111.
Pichler-Milanovich, N. (1994). “The role of housing policy in the transformation process of Central-East European cities”. Urban Studies, 31(7), 1097–1115.
Rowell, J. (2005). “Planning without markets: Knowledge and state action in East German housing construction”. Cahiers du monde russe, 46(1–2).
Smith, M.B. (2010). Property of Communists: The Urban Housing Program from Stalin to Khrushchev. Northern Illinois University Press.
Notas
- Para profundizar en la propuesta de planificación socialista, véase https://cibcom.org/un-dia-en-la-agencia-de-planificacion/
- Para profundizar en la relación entre democracia y planificación, véase https://cibcom.org/democracia-y-planificacion/
- El Fondo Social Común es un concepto desarrollado por Marx y que se refiere a la parte de la riqueza producida por los trabajadores que se destina a fines colectivos y generales, en lugar de ser distribuida como ingreso individual.
- Para profundizar en esta cuestión, véase: https://cibcom.org/socializar-los-cuidados-contra-el-realismo-domestico/.
- 5 El turismo es frecuentemente presentado como un derecho universal conquistado por el capitalismo de posguerra. Sin embargo, esta imagen es profundamente engañosa. Según estimaciones del investigador Stefan Gössling publicadas en 2020, aproximadamente el 80% de la población mundial nunca ha tomado un avión en su vida, y solo el 11% voló al menos una vez en 2018. Únicamente entre el 2% y el 4% de la población mundial viaja al extranjero en avión en un año dado. Lejos de ser un derecho generalizado, el turismo aéreo es un privilegio estructuralmente concentrado: el 1% de los viajeros más frecuentes genera el 50% de las emisiones totales de la aviación (Gössling, S. & Humpe, A. 2020).