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Sobre la democracia

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SOBRE LA DEMOCRACIA

W. Paul Cockshott y Allin F. Cottrell

NOTA DEL TRADUCTOR: El siguiente texto está extraído de la obra de los autores Towards as New Socialism. Las razones para presentar este capítulo de forma asilada son las siguientes: pocos textos actuales tratan de forma tan clara y directa la fusión de procesos económicos y políticos que conllevará la revolución socialista. Tras esta última, la política, al dejar de ser una cosa de los denominados “políticos”, envuelve con su empuje a la economía, arrancando su control de sus pretendidos expertos. Explicar qué entramado institucional concreta/permite dicha fusión es tarea primordial del movimiento obrero y del comunismo como parte del mismo. La de Cockshott y Cottrell será una propuesta criticable, pero cumple perfectamente con este ideal y sus exigencias implícitas: el (auto)gobierno ciudadano y la disolución de toda forma de verticalismo político.

INTRODUCCIÓN

Los experimentos sociales utópicos están muy asociados, a ojos del público, con dictaduras brutales y la supresión de libertades civiles. Dada la historia de este siglo, es algo a esperar. Aunque cada vez más gente está convencida de que el Reino Unido necesita un cambio constitucional, las ideas de lo que esto puede significar son bastante limitadas. La descentralización del poder a las regiones y los sistemas electorales parlamentarios alternativos puede que sean objeto de debate, pero la supresión del parlamentarismo es algo impensable. El objetivo de este capítulo es pensar lo impensable: en concreto, el defender una constitución radicalmente democrática. Esbozamos una versión modernizada de la antigua democracia griega y defendemos este sistema como la mejor contrapartida política a una planificación económica socialista.

PARLAMENTARISMO Y DEMOCRACIA

Una de las mayores ironías de la historia es que las elecciones, durante milenios un rasgo distintivo de la oligarquía, pasen ahora por ser la quintaesencia de la democracia.

George Orwell, en su novela distópica 1983, hace referencias irónicas a la neolengua, un dialecto del inglés tan corrupto que frases como “la libertad es esclavitud” o “la guerra es la paz” podían pasar como totalmente normales. Lo que intentaba mostrar es al poder del lenguaje para controlar nuestros pensamientos. Cuando aquellos en posiciones de autoridad pueden redefinir el significado de las palabras, pueden convertir la rebelión en algo literalmente impensable. La frase “democracia parlamentaria” es un ejemplo de neolengua: una paradoja oculta. Volvamos al origen griego del término “democracia”. La segunda mitad de la palabra significa “poder” o “gobierno”. De esta forma tenemos la autocracia —el gobierno por parte de un solo hombre— y aristocracia —el gobierno de los aristoi, los mejores, la élite— . La democracia significa el gobierno del demos. La mayoría de los intérpretes traducen esto como el gobierno “del pueblo”, pero la palabra demos tenía un significado más específico. Significaba el gobierno del pueblo común o el gobierno de los pobres.

Aristóteles, al describir las democracias de su época, era bastante explícito sobre el hecho de que la democracia significaba el gobierno de los pobres. En contra del argumento de que las democracias simplemente significaban el gobierno de la mayoría, dio los siguientes ejemplos:

Supongamos un total de 1.300 personas; 1000 de estos son ricos y no dan ningún cargo a los 300 pobres, que también son hombres libres e iguales en otros aspectos a ellos; nadie diría que estos 1.300 viven bajo una democracia (Política 1290).

Pero dice que este es un caso artificial “debido al hecho de que los ricos en todas partes son pocos, y los pobres son numerosos”. Una definición específica que nos da es la siguiente:

Existe una democracia allá donde aquellos que son libres y no son ricos, siendo mayoría, tienen el control soberano del Gobierno. Existe una oligarquía cuando el control yace en las manos de los ricos y los de alta cuna, siendo estos pocos (ibid.).

Respecto a la elección de cargos oficiales afirmó que “hacer esto por sorteo se considera democrático, y por elección, oligárquico” (Política, 1294). Lo que los apologetas del capitalismo llaman procedimientos democráticos deberían describirse de forma más certera como procedimientos psefonómicos (del griego psephos: voto mediante papeleta). Al ignorar la naturaleza de las relaciones de clase, estas ideologías confunden el derecho al voto con el ejercicio del poder. De hecho, todos los Estados capitalistas son oligarquías plutocráticas. La plutocracia es el gobierno por la clase adinerada, la oligarquía, el gobierno por unos pocos.

Estos son los principios característicos del Estado moderno. Este Estado, el fin o telos de la historia de acuerdo a Fukuyama (1992) la forma más perfecta de gobierno de clase desde la república romana, ejerce tal hegemonía espiritual y temporal que parece haber derrotado a todo competidor. El poder efectivo reside en una serie de círculos concéntricos, concentrándose a medida que se contraen desde el parlamento al ministerio, del primer ministro al presidente: una oligarquía. Este poder se ejerce de forma abierta en nombre del capital, ya que está comúnmente aceptado que es tarea del Gobierno el servir a los objetivos de las empresas es el principal cometido del Estado: una plutocracia.

El poder la plutocracia se deriva de su control sobre el trabajo asalariado, una relación de dominación y servidumbre cuya naturaleza dictatorial no se ha abolido por el derecho a votar. La psefonomía o las elecciones son, meramente, un mecanismo de elección de los oligarcas individuales. Sirve a la vez para legitimar su gobierno y les permite reclutar a los “mejores” y más pletóricos miembros de las clases inferiores (los aristoi). A lo sumo, las elecciones transforman la oligarquía en una aristocracia. Aristóteles consideraba a la oligarquía como una desviación de la aristocracia:

Aunque el nombre de aristocracia se use para marcar una distinción con la oligarquía (…) describe una constitución en la cual la elección para los cargos depende del mérito y no de la riqueza. Pero la oligarquía se desvela como aristocrática dado que en casi todas partes los ricos y los que poseen buenos estudios son coextensivos (Política, 1293).

Sustitúyase “meritocrático” por “aristocrático” y el cambio verbal encapsula correctamente la metamorfosis histórica de la sociedad británica desde principios del s. XIX, cuando el Parlamento se abrió a los individuos que no eran necesariamente de alta cuna. Pero la cuestión clave no es que algunos individuos de origen relativamente humilde sean reclutados para cargos públicos, sino quién tiene el poder. Todo lo demás es puro espejismo.

Lo que diferencia a una oligarquía de una democracia es la riqueza o su carencia. La cuestión esencial es que allá donde la posesión del poder político se deba a la posesión de poder económico o a la riqueza (…) hallamos una oligarquía, y donde la clase no propietaria tiene el poder, ahí existe la democracia. Pero como hemos dicho, los primeros son pocos y los segundos, muchos (Política, 1279).

El gobierno parlamentario y la democracia son conceptos diametralmente opuestos. La democracia es el gobierno de las masas, de los pobres y los desposeídos; el parlamento, el gobierno de los políticos profesionales que, en número y posición de clase, son parte de la oligarquía. Marx y Engels siguieron de forma bastante explícita la definición aristotélica de la democracia cuando escribieron en el Manifiesto del Partido Comunista de 1848 que “el primer paso para la revolución de la clase trabajadora es elevar al proletariado a la posición de clase dominante, ganar la batalla de la democracia” (Marx y Engels, 1970, p.52). El derrocamiento violento del Estado aristocrático y el establecimiento del gobierno proletario eran, para los fundadores del comunismo, sinónimos de democracia. En 1852 hablaron del gobierno de los proletarios como la dictadura del proletariado.

“Dictador” es una palabra derivada de la república romana y no de Grecia. Se refiere al individuo al que se le otorga poder temporal para gobernar mediante un decreto, en situación de emergencia. Había una tendencia natural para que las dictaduras temporales degeneraran en un gobierno vitalicio. Lenin y Stalin fueron dictadores en el sentido romano. ¿Era esto lo que Marx quería decir respecto a la dictadura del proletariado? Ciertamente no. Lo que quería transmitir era la idea de una democracia de masas que no se hallase limitada por los derechos constitucionales que protegieran la propiedad privada. Dos mil quinientos años antes Aristóteles había descrito democracias de ese tipo:

Una quinta especie tiene las mismas condiciones, pero traspasa la soberanía a la multitud, que reemplaza a la ley; porque entonces la decisión popular, no la ley, lo resuelve todo. Esto es debido a la influencia de los demagogos.

En efecto, en las democracias en que la ley gobierna, no hay demagogos, sino que corre a cargo de los ciudadanos más respetados la dirección de los negocios. Los demagogos sólo aparecen allí donde la ley ha perdido la soberanía. El pueblo entonces es un verdadero monarca, único, aunque compuesto por la mayoría, que reina, no individualmente, sino en cuerpo (NdT: en la versión en inglés que usan Cockshott y Cottrell se utiliza la expresión in aggregate, esto es, en agregado” (Política, 1292).

¿Y qué proponían estos demagogos? Medidas comunistas como la cancelación de la deuda y la redistribución de la propiedad (1). Para que la democracia fuera de utilidad al proletariado, las masas tenían que ser soberanas, no coartadas por el gobierno de la ley, capaces de emitir decretos que violaran los derechos establecidos de la propiedad de la tierra o el capital.

¿DEMOCRACIA DIRECTA O DEMOCRACIA SOVIÉTICA?

En la izquierda, históricamente, han existido dos candidatos a reemplazar al parlamentarismo: los soviets y la dictadura del partido comunista. La segunda funcionó como un sistema político viable durante medio siglo en la URSS y Europa del Este, pero se ha derrumbado y, en cualquier caso, pocas personas en Occidente han defendido este tipo de sistema. En contraste, hay un apego sentimental a la idea de los soviets. Se ven como la forma original e impoluta de poder proletario, antes de que éste fuera corrompida por la dictadura leninista. Usamos el término “sentimental” de forma correcta puesto que muchos de aquellos que dicen que en lo más profundo de sus corazones defenderían un sistema soviético están perfectamente dispuestos, en base al “realismo”, a aceptar un sistema parlamentario de gobierno. La idea de los soviets funciona como una política de seguro moral.

Esto no debe llevar a infravalorar la importancia de los soviets como órganos de insurrección que pueden proveer el foco para el derrocamiento del parlamento. Pero ciertas generalizaciones se pueden extraer de la experiencia histórica:

  1. Los soviets tienden a formarse sólo cuando una dictadura o una monarquía absoluta es derrocada. No parecen emerger de Estados parlamentarios.
  2. Los soviets sólo suponen un desafío revolucionario cuando están armados (los soviets de trabajadores y soldados). Los soviets armados sólo se forman bajo condiciones de derrota militar: Francia en 1871, Rusia en 1905 y 1917, Hungría en 1919, Portugal en 1975.
  3. Son capaces de derrocar al Estado únicamente si se ven liderados por un grupo cohesivo de revolucionarios determinados. En otros casos, como la Comuna de Paris, o los consejos de trabajadores de la Revolución portuguesa, tienden a dejar al poder del Estado que opere sin restricciones hasta que se ven desarmados.
  4. Suponen el medio ideal para el establecimiento del Estado de partido único. Esto se debe a que se basan en un electorado restringido y en elecciones indirectas de soviets inferiores hacia los superiores. Esto tiende a concentrar cualquier preponderancia inicial de los comunistas. Esta dominación comunista es en cualquier caso con toda probabilidad una condición para el derrocamiento del Estado burgués.

Los soviets son instituciones de transición, no estructuras de Estado que puedan durar. Una vez se regularizan es necesario establecer y corregir las normas ad hoc bajo las que se habían formado inicialmente. Es necesario especificar quién tiene derecho a votar y quién no. Los consejos no pueden estar formados únicamente de trabajadores industriales y soldados de forma indefinida. Existe a su vez presión para definir las circunscripciones territoriales con sufragio universal: de ahí la constitución de Stalin de 1936. En ausencia de planes constitucionales alternativos bien delimitados, un sistema soviético tiende a evolucionar en la dirección de la dictadura de partido único o hacia el sistema parlamentario.

El reclamar el retorno a la pureza de la democracia soviética pre-estalinista (o pre-leninista) no es más que nostalgia irracional, derivada de la aceptación acrítica de El Estado y la revolución de Lenin. En este libro Lenin llevó a cabo una brillante defensa de los escritos de Marx y Engels, en particular sus reflexiones sobre la Comuna de Paris, el primer Estado obrero. En el contexto ruso, defendió la “destrucción total de la vieja maquinaria estatal, a fin de que el proletariado armado pueda convertirse a sí mismo en Gobierno” (Lenin, 1964, p. 489). Es triste reconocer que este Estado genuinamente democrático, un Estado de soviets de diputados de trabajadores y soldados, degeneró en poco tiempo en algo totalmente diferente.

El proceso histórico mediante el cual, por parafrasear a Trotsky, el Partido Bolchevique reemplazó al proletariado, el Comité Central al Partido, y el líder supremo al Comité Central, es de sobras conocido como para necesitar que se enfatice. Este proceso, ya en marcha bajo Lenin, fue llevado a su conclusión por Stalin. Los socialistas occidentales críticos del sistema resultante con frecuencia aplauden la teoría diseñada en El Estado y la revolución, pero subrayan el conflicto entre la teoría de Lenin y su práctica posterior. Algunos culpan a Lenin y su teoría del partido, algunos culpan a las difíciles condiciones en Rusia, algunos culpan a Stalin, a Kruschev, a Gorbachov. Pero pocos cuestionan el modelo original de un Estado de consejos de trabajadores que describió Lenin.

La mera contraposición de teoría a práctica o de buenas intenciones contra malas obras, no constituye una crítica. En vez de eso tenemos que entender cómo la lógica interna del modelo de El Estado y la revolución configuró a la Unión Soviética. Este modelo concebía un sistema de consejos de trabajadores industriales y soldados eligiendo a diputados a través de la jerarquía de los consejos municipales, regionales y nacionales hasta el Soviet Supremo. Para asegurarse de que los diputados respondían a los trabajadores, los delegados estaban sometidos a poder revocatorio y recibían únicamente el salario promedio de un trabajador. Estas cláusulas posteriores se inspiraron en la experiencia de la Comuna de Paris. Lenin defendió estas medidas contra los ataques de Bernstein de que suponían un retorno a la democracia primitiva con la respuesta de que:

La transición del capitalismo al socialismo es imposible sin un cierto ‘retorno’ a la democracia ‘primitiva’ (puesto que, ¿de qué otra forma puede la mayoría y con posterioridad la totalidad de la población sin excepciones, cumplir funciones del Estado?” (Lenin, 1964, p. 420).

Este pasaje es crucial y su retórica es correcta, pero tras tres cuartos de siglo tenemos que preguntarnos si lo que Lenin entendía por ‘primitiva’ era lo suficientemente profundo. Era característico de una democracia primitiva que todos los ciudadanos sin excepción fuesen invocados a ejercer funciones del Estado, pero las instituciones por las que esto se llevaba a cabo eran mucho más radicales de lo que Lenin concebía.

INSTITUCIONES DE LA DEMOCRACIA CLÁSICA

La característica principal y más representativa de la demokratia era el gobierno por el voto mayoritario de los ciudadanos (2). Esto generalmente se llevaba a cabo por votación a mano alzada en la asamblea soberana o eklesia. La soberanía del demos no estaba relegada a una cámara de políticos profesionales electos como en el sistema burgués. En vez de ello, la gente trabajadora ordinaria—que en aquellos días eran campesinos y artesanos—se reunían para hablar, debatir y votar sobre los temas que les concernían (3). No había “Gobierno” como tal; en vez de ello, la administración se ejercía por el consejo municipal o boule, de 500 miembros. A diferencia de los consejos de la plutocracia actual, sus miembros eran elegidos por sorteo, no mediante elecciones. Había una rotación de cargos y los individuos sólo ejercían en el consejo durante un año antes de ser reemplazados (4).

El consejo no tenía poderes legislativos y era responsable de ejecutar, meramente, las políticas decididas por la asamblea soberana. Cada ciudadano tenía derecho a hablar y votar en la asamblea y se le compensaba por los ingresos que dejaban de ganar por atender a la misma.

Las instituciones importantes secundarias eran los tribunales del pueblo o dikasteria. Estos tribunales no tenían jueces, y en vez de ello los dicasts hacían las veces de jueces y jurado. Los dicasts eran elegidos por sorteo entre el conjunto de ciudadanos, utilizando un procedimiento de papeletas de votantes y máquinas de sorteo. Una vez formado el tribunal, las decisiones se tomaban por votación secreta, siendo inapelables. Aristóteles sostenía que el control de los tribunales daba al demos control de la constitución.

Las elecciones se veían con suspicacia y no eran utilizadas a excepción de para los mandos militares. Las elecciones, según Aristóteles, eran aristocráticas y no democráticas; introducían el elemento de selección deliberada, o la selección de los “mejores”, los aristoi, en vez del gobierno por todo el pueblo (Política, 1300). Lo que daba a entender, como cualquier marxista percibe, es que los “mejores” en una sociedad de clase siempre serán los más privilegiados. El dinero y la respetabilidad van de la mano. Únicamente cuando una habilidad concreta era esencial, como en el caso de los mandos militares, se consideraba que era coherente usar elecciones. El contraste con nuestro sistema político y militar no puede ser más llamativo.

Con una administración elegida por sorteo, cualquier podía ser llamado a servir, lo que conducía a una población altamente politizada.

Los mismos hombres aceptan la responsabilidad tanto por sus propios asuntos como por los del Estado, y aunque distintos hombres se ocupan de ámbitos distintos, no dejan de entender las preocupaciones del Estado: nosotros mismos consideramos al hombre que se niega a tomar parte en éstas no sólo como alguien que no interfiere, sino como alguien inútil (5).

Incluso con toda su voluntad de un Estado que fuese dirigido por pasteleros, Lenin era incapaz de concebir las formas constitucionales necesarias para alcanzarlo. Al referirse al Estado de los trabajadores escribió:

Las instituciones representativas permanecen, pero ya no hay parlamentarismo como un sistema especial, como la división de trabajo entre el legislativo y el ejecutivo, como una posición privilegiada para los diputados. No podemos imaginar una democracia, incluso una democracia proletaria, sin instituciones representativas” (Lenin, 1964, p. 424).

A Lenin aquí se le escapa la idea central. La razón por la cual el parlamentarismo es una forma de Estado conveniente para los intereses de los propietarios es que esta se basa en las elecciones, un principio que Aristóteles ya mostró como antidemocrático. Una dictadura proletaria se puede establecer por una asamblea electa, como en la Comuna de París, donde los electores y los candidatos provenían exclusivamente del proletariado. Pero, a largo plazo, no puede sostenerse mediante elecciones.

EL “CENTRALISMO DEMOCRÁTICO”: UN CALLEJÓN SIN SALIDA

La noción leninista de “centralismo democrático”, según la cual los más comprometidos miembros de la clase trabajadora, organizados como Partido Comunista, son elegidos por medio de un sistema de consejos hasta formar un Gobierno de trabajadores, está viciada de raíz. Busca construir una democracia mediante un sistema aristocrático en su sentido clásico. La política se convierte en un asunto para los políticos. Como todas las aristocracias, degenera en una oligarquía preocupada de sí misma, y finalmente se ve reemplazada por una plutocracia burguesa “honesta”.

La idea de que el derecho a revocar cargos puede ser un límite efectivo a este proceso es ridícula. El derecho a revocar cargos está en la constitución del estado de Arizona, de igual forma que lo estaba en la constitución soviética de Stalin, sin ningún efecto perceptible. Conlleva reunir decenas o cientos de miles de firmas para conseguir la revocación de un cargo. Está destinada a ser poco común incluso en comparación con las elecciones regulares. Si las elecciones no mantienen a los cargos a raya, ¿por qué sí que lo haría un derecho de revocación?

Respecto a los salarios del trabajador promedio ¿quién controla ese aspecto? ¿Qué evita que los cargos electos voten para sí mismos otros derechos?

¿ES POSIBLE LA DEMOCRACIA HOY EN DÍA?
En su libro reciente Is Democracy Possible? [¿Es posible la democracia?] (1985), John Burnheim aboga por un sistema que denomina “demarquía” que se asemeja de forma llamativa a la democracia clásica. En vez de naciones-estado, vislumbra un sistema en el que el poder se halla descentralizado y el proceso de toma de decisiones se lleva a cabo por parte de organismos representativos formados por sorteo entre aquellos con intereses materiales legítimos con respecto al tema que se considere (6).

Los defensores de la democracia presentan una crítica radical del Estado burgués del s. XX, pero las prácticas de la democracia clásica parecen, paradójicamente, tan novedosas y ajenas que existe el peligro de que la gente las rechace de forma automática. Los defensores de la democracia genuina están obligados a elaborar un argumento persuasivo y a contrarrestar las objeciones típicas.

La ciencia política contemporánea es abrumadoramente elitista. Se dice que la complejidad del Estado moderno es tal que sólo una élite de políticos profesionales es capaz de ocuparse de ella. La ciudadanía ateniense ordinaria podía haber sido capaz de gestionar una ciudad Estado simple —nos dicen— pero se hallaría incapaz de hacerse cargo de una burocracia a tiempo completo como la de un Estado moderno. Para ello necesitas políticos a tiempo completo con plantillas de investigadores a sueldo.

En la práctica, sabemos que estos políticos a tiempo completo se hallan virtualmente inermes ante un poder ejecutivo decidido, y en general están poco inclinados a cuestionar de forma radical el sistema que les provee de oportunidades para su carrera. Más fundamentalmente, el argumento de los expertos confunde dos temas. De un lado, está la cuestión del conocimiento técnico en materias específicas como la salud pública, la tecnología y los asuntos militares, mientras que, de otra parte, está lo que Protágoras denominaba politike techne, el arte del juicio político. Protágoras sostenía que todos estamos igualmente dotados de este último. Cuando toca juzgar si una decisión conviene o no a sus intereses, un dependiente de Drumchapel está igualmente dotado que un diputado de Westminster a la hora de decidir.

Otro argumento común contra la democracia clásica es que se trataba de una democracia de propietarios de esclavos, y por tanto no tiene nada que enseñarnos. De un lado esta objeción es irrelevante: los defensores modernos de la democracia directa no proponen la reintroducción de la esclavitud. Está además basada en un error sobre la concepción de la sociedad griega antigua. Atenas no era una democracia de propietarios de esclavos, era una democracia de ciudadanos nacidos libres. La inmensa mayoría del demos se componía de campesinos y artesanos pobres. La demokratia era el instrumento que utilizaban en su lucha de clases contra los ricos; contra los grandes terratenientes que también eran propietarios de esclavos. Estos últimos estaban a favor de una constitución oligárquica, y fueron capaces de imponer este sistema, en última instancia, gracias al apoyo del imperialismo romano.

Pero las objeciones más prosaicas a la democracia directa suelen centrarse en el problema de escala: es imposible reunir a todos los ciudadanos de una nación moderna en el ágora o la plaza del pueblo a debatir los asuntos públicos. Esta objeción ignora el poder de la tecnología moderna. La televisión ha creado una aldea global (7). No hay problema técnico en integrar una extensión para el voto en cada televisión a fin de permitirnos votar después de ver los debates llevados a cabo por una asamblea de representantes. Los programas de asuntos políticos actuales en la televisión invitan de forma rutinaria a audiencias elegidas al azar a fin de realizar preguntas a los políticos. En estos programas el público se suele mostrar mucho más exigente con los políticos que los lacayos que normalmente les entrevistan. Hizo falta una mujer corriente para poner a Thatcher a la defensiva sobre el hundimiento de la nave de batalla argentina Belgrano. Tenemos confianza en las capacidades de la gente para tomar decisiones políticas importantes después de este tipo de debates.

El Estado moderno, como hemos mencionado, se basa en principios jerárquicos y centralistas. Las instituciones de la democracia establecen un modelo bastante diferente. En una democracia no había Gobierno, ni primer ministro, ni presidente, ni jefe de Estado. El poder soberano descansaba en la asamblea popular. Las ramas particulares del Estado estaban gestionadas por consejos o cargos seleccionados por sorteo. El poder no fluye ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que es difuso. Podemos esbozar cómo se aplicarían estos principios hoy día. En un nivel, la soberanía del pueblo se vería ejercida por el voto electrónico en debates televisados. Para asegurarnos de que esto fuera universal, los televisores y los teléfonos con capacidad de voto deberían ser accesibles y gratuitos, como derecho constitucional. Esto sería análogo al pago por ejercer de jurado que los atenienses introdujeron a fin de permitir a los pobres participar en la asamblea.

Dado que sólo una minoría de las decisiones que deben tomarse en un país pueden someterse a voto popular, el resto de instituciones públicas serían supervisadas por una pluralidad de comités. La autoridad de emisiones televisivas y radiofónicas, la autoridad de aguas, el servicio de correo, ferroviario, etc. estarían sometidas a consejos formados por sorteo de entre sus usuarios y trabajadores. Estos consejos no responderían a ningún ministro del Gobierno, puesto que en vez de eso la democracia descansa sobre el principio de que una muestra lo suficientemente grande será representativa del público. Un sistema democrático de control sobre los organismos públicos implicaría que, en algún momento de sus vidas, los ciudadanos podrían ser llamados a servir en algún tipo de consejo. No todo el mundo serviría en consejos nacionales, pero uno podría esperar que se le llamase a servir en algún consejo escolar, de salud local o de puesto de trabajo. Si la gente participase de forma directa en la gestión del Estado, no veríamos el cinismo y apatía que suelen caracterizar al votante moderno típico.

DEMOCRACIA Y PLANIFICACIÓN

Para la planificación económica proponemos un sistema en el que equipos de economistas profesionales diseñan planes alternativos a presentar ante un comité de planificación que elegiría entre ellos. Sólo las decisiones más importantes (nivel de impuestos, el porcentaje de ingresos nacionales a invertir en salud, educación, etc.) se someterían a voto popular directo.

Una de las grandes ventajas del sistema de precios en tiempo de trabajo al que nos referimos en capítulos anteriores es que traduce la cuestión de la política presupuestaria nacional en términos que todos los ciudadanos pueden entender. Hoy día sólo un puñado de economistas profesionales y periodistas económicos son capaces de hacer valoraciones comprensibles del presupuesto. Para hallarle sentido uno tiene que saber cuán grandes son los ingresos nacionales en términos de miles de millones de libras. Esto excluye a la mayoría de la población de entrada. Además, uno debe entender qué proporción de los ingresos nacionales va a las distintas categorías de perceptores de ingresos, a fin de estimar los retornos de los distintos niveles de impuestos sobre ingresos. Uno tiene que saber cuántos miles de millones de libras de bienes sometidos a impuestos de consumo se venden, y los retornos que provienen de estos. Por otro lado, de las cuentas públicas, uno debe saber el coste estimado de los distintos programas de gasto públicos, dejando al margen la inflación. Una comprensión completa de un presupuesto descansa por lo tanto en un conjunto de datos enorme que sólo se halla al alcance del Tesoro.

Expresados en términos de horas de trabajo, el ejercicio completo se hace mucho más inteligible. La gente puede entender lo que significa trabajar 3 horas a la semana para sostener el sistema sanitario o 4 horas para sostener el sistema educativo. Si a la gente se le presenta una hoja de cálculo anual que haga una lista de las principales categorías de gastos públicos en términos de horas por semana, estipulando lo que les cuestan, podrían formarse una opinión sobre si están dispuestos a pagar más o menos por estos servicios.

Supongamos que uno pueda votar para incrementar el gasto en el sistema sanitario un x por ciento, dejarlo igual o reducirlo un x por ciento (8). Estos votos podrían contarse y promediarse, con el promedio resultante utilizándose para incrementar o reducir que debería efectuarse sobre el NHS (NdT: sistema de salud pública británico). Las “papeletas” electrónicas podrían conformarse de forma que la gente se viese obligada a realizar elecciones coherentes (por ejemplo ¡no se puede votar más de un incremento del 100% en todos los tipos de gasto!).

Durante un periodo de varios años uno puede esperar que el nivel de gasto se estabilice y comience a variar según los cambios en la opinión pública. Bajo circunstancias normales, más o menos el mismo número de personas querrán incrementar los gastos o disminuirlos así que los cambios serían mínimos. Aunque es factible tener decisiones democráticas en niveles de gasto público, esto no puede combinarse con el control democrático independiente sobre la fiscalidad. Si tanto los impuestos como los gastos se hallan sujetos a votos distintos, no existe garantía de que el presupuesto se vea equilibrado (el Congreso de los EEUU puede y de hecho acepta votos incoherentes con respecto a impuestos y gasto público, con resultados conocidos). En realidad, el nivel de impuestos base debería ajustarse automáticamente para cubrir lo que se hubiese votado para gastar, con un espacio para otras formas de ingresos como la renta. Así, los votantes deberían tener en cuenta las implicaciones fiscales cuando tomasen decisiones sobre los gastos en el presupuesto nacional. Una alternativa a esto sería que el votante primero tuviese que elegir el nivel total de gasto (y por tanto de impuestos). De esta forma, una vez que tuviese que tomar decisiones sobre las categorías individuales de gasto, el programa de “papeleta” indicaría las consecuencias que tendría para el resto del presupuesto el cambiar el gasto en un área.

EL ESTADO ACÉFALO

La democracia neoclásica aún continuaría siendo un Estado en el sentido marxiano. Sería un poder público organizado, al que las minorías se verían forzadas a obedecer. El demos lo usaría para defender sus derechos contra cualquier clase explotadora que sobreviviese o que intentase desarrollarse. Pero sería acéfalo: un Estado sin jefe de Estado (NdT: head of state, “cabeza de Estado” en inglés, por el doble significado de head), sin la jerarquía que marca a un Estado basado en la explotación de clase.

Los distintos órganos de la autoridad pública se verían controlados por comités o consejos ciudadanos elegidos por sorteo. Los medios de comunicación, el sistema de sanidad, las agencias de planificación y mercadotecnia, las diferentes industrias, todos tendrían sus comités. Cada una de éstas tendría un área de competencia definida. Un consejo de la industria energética, por ejemplo, decidiría ciertos detalles de política energética pero no podría ignorar un voto popular para, por ejemplo, retirar la energía nuclear. La membresía de los comités no tendría que estar conformada de manera uniforme por el público. Los comités del sistema de sanidad podrían estar conformados por una muestra parcial de trabajadores sanitarios y por otra de miembros del público. Como defiende Burnheim, el principio debería ser que todos aquellos con un interés legítimo en la materia tendrían que tener una posibilidad de participar en su gestión.

Esta visión es radicalmente diferente a la socialdemocracia y a la práctica del socialismo hasta ahora existente. La planificación, por ejemplo, no está bajo el control del Gobierno, sino bajo un comité supervisor de ciudadanos ordinarios que, debido a que son elegidos por sorteo, serán de gente predominante trabajadora. En el sentido en el que son autónomos de cualquier tipo de Gobierno, estos comités pueden verse como análogos a los distintos organismos de la sociedad civil burguesa: bancos centrales independientes, autoridades de emisiones televisivas y radiofónicas, consejos de arte o de investigación, etc. No es necesario que estén bajo el control público directo; sus estatutos y el trasfondo social de sus directivos aseguran su función. A condición de que los equivalentes socialistas de estas autoridades tengan estatutos fundacionales abiertos a la modificación popular, que tengan comités de supervisión que sean socialmente representativos del pueblo, y que sus deliberaciones sean públicas, el control popular está asegurado.

Los poderes de los consejos demárquicos serían regulatorios, económicos o ambos. Una sociedad industrial avanzada necesita un conjunto complejo de regulaciones para funcionar. En la sociedad actual algunas de estas regulaciones son lo que se conoce como leyes, que emanan de las decisiones de los políticos y son aplicadas por el poder del Estado, pero una gran parte se originan en los organismos autónomos. Las organizaciones profesionales definen los códigos de actuación que son obligatorios para sus miembros. Las organizaciones de oficios definen los estándares para los componentes industriales, algo absolutamente esencial para el progreso tecnológico. Los organismos internacionales definen estándares para el intercambio de datos electrónicos por teléfono, telégrafo o fax.

En muchos casos, estas regulaciones afectan únicamente a operaciones internas o a ramas particulares de la producción o la actividad social, y la composición de sus consejos reguladores debería limitarse a la gente que participa en ellas. En otras —áreas como la emisión televisiva o radiofónica o procesos que pueden tener consecuencias en la salud pública— el interés social general se ve afectado. En estos casos, el comité regulador debería ampliarse para incluir a una mayoría de otros ciudadanos, elegidos por medio de sorteo para representar el interés público.

El resto de poderes de los consejos demárquicos emanarían de su control sobre los recursos, humanos o inanimados. Un consejo puede encargarse de la administración de cierta propiedad pública inmóvil: edificios, monumentos históricos, rutas de transporte, estructuras de energía o agua. En la medida en que se trata de elementos no móviles, la principal contradicción que puede surgir sobre ellos girará en torno al acceso. Pensemos en cómo la comisión británica, responsable de monumentos antiguos y controlada por propietarios, negó el acceso a los desposeídos a Stonehenge. En tanto que la propiedad se deteriora y debe mantenerse, se presupone un influjo de trabajo y materiales.

Un consejo se encargará de la propiedad pública móvil en forma de maquinaria, vehículos y materias primas. Esto es más importante para las demarquías que administren procesos de manufactura, pero afectaría a todas en alguna medida. Asumimos que toda la propiedad móvil está en última instancia asignada por un plan nacional. Un consejo que lleve a cabo un proyecto dispondrá del uso de estos recursos a menos que surja un uso más urgente.

Finalmente, el consejo dispone del trabajo de los miembros de ese proyecto. Dado que este trabajo es una fracción del trabajo total de la sociedad y podría potencialmente dedicarse a otras actividades es, desde el punto de vista del presupuesto nacional, trabajo socialmente abstracto. De forma similar, el flujo de propiedad pública móvil en el proyecto presupone que se dedique una fracción del trabajo de la sociedad a la reproducción de esos artículos. Como flujo, por tanto, también es trabajo socialmente abstracto. El dinámico poder económico de un consejo recae, finalmente, en su control sobre el trabajo social.

La magnitud de su poder se mide en las horas que se le asignan en el presupuesto laboral. Pero ¿por qué derecho obtiene este poder y quién regula su magnitud?

Es un poder que se halla descentralizado o en última instancia delegado por el pueblo en sí mismo. Consideremos un consejo que administre una escuela. Su poder puede estar descentralizado de algún consejo educativo nacional o local que vote su presupuesto laboral anual. Asumamos que la educación es una competencia local. En ese caso, el presupuesto del consejo educativo local se determinaría por el electorado local que decidiría anualmente cuántas horas se deberían deducir de su paga anual para financiar la educación.

En el caso del consejo de manufactura, la delegación es más indirecta. Sus productos —quizás baterías de almacenamiento de plomo— cumplen una necesidad indirecta y social antes que concreta y local. El número de baterías que una sociedad necesita está en función de cuántos coches, intercambios telefónicos, radios portátiles etc. se manufacturan. Sólo la autoridad planificadora nacional o —a largo plazo— la federal, puede calcular esto. Por lo tanto, sólo una autoridad planificadora puede delegar su presupuesto para la producción de baterías.

En todos los casos es el pueblo quien, en última instancia, tiene el poder. Ya sea mediante el voto para determinar sus propios impuestos y, por tanto, el presupuesto de cada consejo para su correspondiente servicio, o sea mediante la compra de bienes, en cuyo caso están votando el tiempo de trabajo que estiman como necesario en la producción de cada bien.

La salvaguarda del gobierno del demos fue el elaborado mecanismo constitucional que desarrollaron para defender su poder frente a la posible usurpación por parte de las clases altas. Ese gobierno floreció durante dos siglos hasta que fue aplastado por los imperios macedonio y romano. Durante ese periodo fueron un ejemplo de arte, arquitectura, filosofía, ciencia y cultura que iluminó los oscuros siglos que siguieron. La era dorada de la Ilustración de la cultura burguesa fue un reflejo consciente de esa luz. Su faro no volverá a encenderse hasta que el demos moderno llegue al poder.

BIBLIOGRAFÍA

Aristotle. 1986.

The Politics, Harmondsworth: Penguin,

Burnheim, John. 1985.

Is Democracy Possible? Oxford: Polity Press.

Fukuyama, Francis. 1992.

The End of History and the Last Man, New York: Free press.

Finley, Moses. 1973.

Democracy Ancient and Modern, New Brunswick, NJ: Rutgers.

University Press, Lenin, V. I. 1964.

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Marx, Karl and F. Engels Selected Works. 1970.

London: Lawrence and Wishart.

Ste. Croix, G. E. M. 1981.

The Class Struggle in the Ancient Greek World, Ithaca, NY: Cornell University Press.

NOTAS:

(1) Para un tratamiento del papel de los demagogos (en su sentido original, meros líderes del pueblo), ver Ste Croix (1981, capítulo V).

(2) El requisito de ciudadanía excluía a las mujeres, esclavos y metics o en términos modernos, extranjeros residentes.

(3) La similaridad entre la eklesia y las organizaciones espontáneas de democracia obrera moderna, tan odiadas por el mundo burgués, se hace evidente.

(4) Aristóteles resumió los argumentos de los demócratas clásicos como sigue:

Establecidos estos supuestos y siendo tal la naturaleza del poder, he aquí los procedimientos democráticos: elegir todas las magistraturas entre todos; que todos manden sobre cada uno y cada uno, por turno, sobre todos; que las magistraturas se designen por sorteo, todas o las que no requieren experiencia y conocimientos técnicos; que las magistraturas no dependan de ninguna tasación de la propiedad o de la menor posible; que la misma persona no ejerza dos veces ninguna magistratura, o en pocos casos, o pocas magistraturas fuera de las relacionadas con la guerra; que las magistraturas sean de corta duración, todas, o en las que sea posible; que administren justicia todos los ciudadanos, elegidos entre todos, y sobre todas las cuestiones o sobre la mayoría, y las más importantes y primordiales, por ejemplo, la rendición de cuentas, la constitución y los contratos privados; que la asamblea tenga soberanía sobre todas las cosas, o sobre las más importantes, y que ninguna magistratura la tenga sobre nada o sobre cuestiones mínimas. (La más democrática de las magistraturas es el Consejo cuando no hay abundancia de recursos para pagar un sueldo a todos, porque entonces privan a esa magistratura de su poder; pues el pueblo, cuando dispone de recursos suficientes para una paga, transfiere a sí mismo todas las decisiones, como se ha dicho antes en la investigación que precede a ésta). También que reciban una paga a ser posible todos, asamblea, tribunales, magistraturas, y si no es posible, pagar a los magistrados, los tribunales, el Consejo y las asambleas principales, o a aquellas magistraturas que deben hacer las comidas comunitarias entre ellas. Además, puesto que la oligarquía se define por el linaje, la riqueza y la educación, los rasgos democráticos parecen ser contrarios a éstos: falta de nobleza, pobreza, trabajo manual. Además, que ninguna magistratura sea vitalicia, y si alguna queda de un cambio antiguo, debe despojársela de su fuerza y hacerla sorteable en lugar de electiva (Política, 1317).

(5) Pericles, tal y como le cita Tucídices en el Libro II de su Historia (1988, p. 85).

(6) La relevancia potencial de los mecanismos de democracia antigua se ha tratado por parte de historiadores como Moses Finley (1973). Más información útil sobre la democracia clásica se puede hallar en G. E. M. de Ste Croix (1981) y David Held (1987).

(7) Ya en el s. XIX, JS Mill defendía que el desarrollo de los ferrocarriles y los periódicos hacía posible el equivalente moderno a gran escala del ágora (ver Finley, 1973, p. 36).

(8) Podemos especificar cómo deberían contarse los votos de forma más precisa de la siguiente forma. Sea x por ciento la máxima cantidad en la que un elemento del presupuesto puede cambiar en un año. Supongamos que un y por ciento de la gente vota por este incremento. Se sigue que, eliminando a los no votantes, que (100-y) por ciento votaron contra el incremento, dando una mayoría para el incremento de y-(100-y)=2y-100 por ciento. El cambio resultante en el gasto debería ser de (2y-100)x/100 por ciento. Donde todo el mundo vote por incremento, el presupuesto aumentará un x por ciento; donde la mayoría vote en contra, se reducirá en una fracción de x por ciento.

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