Paul Cockshott, Allin Cottrell, Heinz Dieterich
Traducido por Antonio Dorado y Guillermo Murcia
Este trabajo pretende presentar en términos generales las etapas económicas que serían necesarias para transformar una economía capitalista como la Unión Europea en una economía socialista. Analizaremos la cuestión en términos muy concretos y propondremos medidas políticas específicas. Las medidas que proponemos difieren significativamente de la tradición de la socialdemocracia europea del siglo XX.
Keynes señaló, como es bien conocido, que los hombres políticos prácticos, ya sean prudentes u osados, no hacen sino repetir inconscientemente las ideas de economistas muertos hace largo tiempo. Los políticos que defienden el neoliberalismo están (lo sepan o no) repitiendo las ideas de los economistas austríacos reaccionarios Mises y Hayek. Los políticos socialistas también repiten, en forma harto simplificada, las ideas de socialdemócratas alemanes también fallecidos hace tiempo como Kautsky, Bernstein y Bauer.
1. Trasfondo
Desde un punto de vista histórico la perspectiva socialista dominante ha sido la que fue desarrollada por el partido socialdemócrata alemán en los años previos a la Primera Guerra Mundial. El SPD era el partido más poderoso e influyente en la internacional socialista y sus ideas influenciaron a otros partidos, tanto al laborista británico como a los partidos comunistas del oeste de Europa. Lih ha mostrado hasta qué punto el leninismo al que los anteriores se adherían formalmente no era sino la re-etiquetación de la socialdemocracia clásica alemana. Solemos ver la socialdemocracia y el comunismo como cosas muy diferentes, pero el rasgo distintivo original del comunismo, que perseguía el poder preparando una insurrección armada, fue abandonado hace ya bastante tiempo por la mayoría de los partidos comunistas. Este principio comunista original sólo ha sido retenido por partidos maoístas en Asia y Sudamérica, pues todos los demás partidos de izquierdas son en este sentido socialdemócratas.
Por lo tanto cuando empleamos esta palabra nos estamos refiriendo a una tradición que existió antes de 1914. En 1950 los socialdemócratas alemanes originales dejaron de consagrarse a lograr la propiedad pública de los medios de producción, y después de lo anterior el término socialdemócrata cobró su sentido popular actual, pasando a denotar una tendencia a la derecha del socialismo. Tanto los laboristas de Inglaterra como el partido socialista de Francia respondían a esta tendencia a partir de los años 60.
Podría sostenerse que el Partido Laborista retuvo largo tiempo su objetivo programático de 1918: asegurar que los trabajadores manuales o intelectuales reciban el pleno fruto de su labor y la distribución más justa y equitativa de los bienes sobre la base de la propiedad común de los medios de producción, distribución y cambio, y el mejor sistema posible de administración y control popular de cada servicio o industria.
Una vez que este objetivo fue abandonado por Blair, el PL dejó de tener conexión con la socialdemocracia en su sentido originario. No fue hasta los años cuarenta que la socialdemocracia europea (en contraposición a la rusa) tuvo ocasión de cambiar el sistema económico. El Reino Unido, la RDA, Checoslovaquia, Polonia y otros países se empeñaron en una transformación económica que compartía ciertos rasgos comunes:
-Industrias estratégicas eran propiedad pública.
-La educación y la sanidad se convirtieron en servicios que prestaba el estado de manera universal.
-En la construcción de viviendas tenía un papel predominante el sector público.
-Se trató de acabar con los latifundios mediante la expropiación o fuertes impuestos sobre la herencia.
-El Estado intentó desarrollar políticas tendentes al pleno empleo.
No obstante, es patente que existían diferencias. En Alemania Oriental y en Checoslovaquia la agricultura estaba bajo control estatal mientras que en el Reino Unido y en Polonia las granjas estatales desempeñaron un papel mucho más reducido, en tanto que la intervención en el Reino Unido era indicativa y a través de comisiones públicas.
Nos centraremos por un tiempo en el Reino Unido, puesto que los autores están particularmente familiarizados con él, y también porque la política económica del Reino Unido gozó de un importante impacto a nivel internacional.
El proceso de nacionalización de la industria no llegó tan lejos en el Reino Unido como en Europa del Este, pero incluso allí el Estado era titular, entre otras cosas de:
-El sistema de producción y suministro energético: carbón, petróleo, gas, energía nuclear e hidroeléctrica.
-Gran parte del sistema de transportes: carreteras, ferrocarriles, autobuses, aeropuertos, puertos.
-El sistema de comunicaciones: radios, Televisiones, correos, teléfonos.
-La mayoría del parque de viviendas.
-Muchas industrias pesadas: acerías, astilleros, industria aeronáutica, producción de automóviles.
Sin embargo, las viejas clases propietarias no fueron expropiadas en occidente y gran parte de la industria quedó en manos privadas. Se confió en los impuestos sobre la herencia para acabar desposeyendo a las clases propietarias.
Aún así, la pericia de los potentados para evadir impuestos supuso que dichas medidas tuvieran menos efectos de los esperados. La existencia de un sector público estatal tan poderoso, en conjunción con un fuerte movimiento sindical, había, a mediados de los 70, amenazado seriamente la viabilidad de los sectores capitalistas restantes de la economía, lo que dio lugar a una gran crisis de rentabilidad. Hubo un animado debate en la socialdemocracia británica sobre lo que se debía hacer. ¿Debería resolverse la crisis con controles estatales de precios e ingresos más vigorosos reteniendo el sector público existente? ¿Debería resolverse extendiendo la propiedad pública más aún y empleando un nuevo banco de inversión estatal para financiar la inversión?
La indecisión paralizante del partido laborista llevó al poder al gobierno neoliberal radical de Margaret Thatcher. Lo que puso fin a los cambios en sentido socialdemócrata realizados después de 1945, pues el fin explícito era volver a una economía liberal capitalista clásica. En una década las políticas neoliberales se tornaron predominantes tanto en Gran Bretaña como en los demás países europeos en los que habían sido más influyentes los políticos socialdemócratas.
De forma paradójica, la RDA, en la que el componte socialdemócrata había primado menos, fue uno de los últimos países en convertirse al neoliberalismo. Ahora, en el siglo XXI y ante la faz de una de las crisis más profundas del capitalismo global desde los años 30, hay una oportunidad histórica de reafirmar los ideales y objetivos históricos de los movimientos obreros y socialistas. Pero no podemos limitarnos a repetir el pasado. En esta propuesta intentamos presentar una alternativa que diferirá del socialismo europeo en los extremos siguientes:
1- Nuestra preocupación principal no radica en la nacionalización de la industria; en vez de ello proponemos la afirmación positiva de los derechos de los trabajadores a todo el valor añadido por su trabajo.
2- Proponemos una reestructuración radical de la política necesaria para transformar toda la economía en un sistema de economía no monetaria de equivalencias fundada en el tiempo de trabajo.
3- No vemos la transición a nivel de los estados naciones sino de una Unión Europea más democrática.
Vamos a sintetizar los rasgos principales de nuestra concepción de un socialismo más maduro:
1- La economía se fundamenta en la consciente y deliberada aplicación de la teoría laboral del valor tal y como fue desarrollada por Adam Smith y Karl Marx. Es un modelo en el que los bienes de consumo reciben precios en función de las horas y minutos de trabajo necesarios para elaborarlos, y en que cada trabajador recibe créditos laborales por cada hora trabajada. La aplicación sistemática de este principio erradica la explotación económica.
2- La industria es de titularidad pública, y se gobierna de conformidad con un plan y no con fin de lucro. Las empresas de venta al por menor operan, por ejemplo, buscando un punto de equilibrio más que para lograr un beneficio. Concebimos esta transición a empresas públicas como un proceso gradual que acontecerá después y no antes de la abolición del sistema asalariado.
3- Las decisiones se adoptan democráticamente a nivel local, nacional y de toda la Unión. Esto afecta en concreto a decisiones sobre los tributos y el gasto estatal. Que las decisiones sean efectivamente democráticas resulta vital para que no se supla la explotación privada por la explotación estatal. Además nos tomamos muy en serio el aforismo de Marx, que la liberación de las clases trabajadoras debe ser obra de las propias clases trabajadoras. Esto queda reflejado en nuestra defensa de una democracia participativa directa en lugar del gobierno de partido o ministerial y también afecta a nuestra filosofía de cómo se desarrollará esta transición. En vez del viejo énfasis socialdemócrata en la acción directa del estado para nacionalizar y dirigir compañías privadas, defendemos la instauración de derechos legales positivos para el trabajo. Estos derechos podrán, cuando sean ejercitados colectivamente por los trabajadores, poner fin a la explotación del trabajo por el capital.
2.Dinero y explotación.
La economía europea aún se basará en el dinero en el momento en que el movimiento socialista llegue al poder. En El Capital Marx mostró como el dinero estaba en la raíz de los males del capitalismo. La esencia del capitalismo es comenzar con una suma de dinero a principios de año y acabar con una suma superior a finales de año. Marx denominó a esto D->D´ donde D podría ser 1000000 euros y D´ 2.000.000.
Como los capitalistas tienen más dinero que los obreros, pueden emplear este dinero para contratar trabajadores asalariados. Como Adam Smith señaló muy bien, en la negociación sobre el precio del trabajo los trabajadores se hallan en una posición más débil que los patronos. Sus salarios son muy inferiores al valor que crean durante la semana. Como los capitalistas pueden vender el producto por un valor superior al invertido en salario, los capitalistas en general se hacen más y más ricos mientras la situación relativa de los trabajadores no mejora en la misma medida. Este proceso es la principal causa de las diferencias entre ricos y pobres.
Y además de ello existe otra forma secundaria de explotación que permite que los capitalistas aumenten su fortuna: el préstamo de dinero a interés. Este dinero permite al prestamista hacerse más rico cada año sin producir absolutamente nada. Este proceso ha ido adquiriendo cada vez más importancia como forma de explotación en los países capitalistas avanzados. La extensión del crédito en los últimos 40 años implica que el grueso de la clase trabajadora y las clases medias-bajas estén muy endeudados, explotadas por los bancos y otras compañías financieras. Las políticas liberales de las últimas décadas han aumentado la distancia entre ricos y pobres. Gran parte de los ingresos de la sociedad está concentrado en muy pocas manos. Los ricos tienden a ahorrar una mayor fracción de sus ingresos. En consecuencia no hubiera sido posible mantener la demanda de los consumidores a un nivel adecuado para que la economía siguiera su curso de no haber sido por el crédito al consumo. El sistema necesita que los empleados consuman, pero como se produce para el beneficio los empleados sólo obtienen una porción del valor que crean. Los ricos después les prestan a los trabajadores parte del valor que crearon. Pero este proceso se auto limita, pues llega un momento en que la carga de la deuda no puede crecer más.
Además de servir de apoyo a la explotación, la economía monetaria de mercado resulta incompatible con el uso planificado de los recursos para satisfacer necesidades sociales. En la Unión Europea (no, como, por ejemplo, en la URSS) la oferta de la mayoría de los bienes y servicios la regula el mercado. Y no es algo completamente negativo: en cierto sentido restrictivo permite que la demanda se adapte a los deseos del consumidor. El inconveniente es que la provisión de bienes y servicios se ve sesgada sistemáticamente a favor de los deseos de los ricos. La Unión Europea actualmente carece de los mecanismos a través de los cuales la estructura global de la economía pueda regularese de una manera consciente y social para afrontar los retos ecológicos como el cambio climático y para responder con equidad a las necesidades de todos los ciudadanos.
3. Como lograr la transformación
Ahora nos vamos a centrar a medidas políticas específicas. Las enunciaremos una por una tratando de explicar porqué cada una de ellas ayuda a lograr los objetivos más amplios que hemos descrito aquí.
3.1 Reforma Monetaria
La política monetaria europea la domina el Banco Central Europeo (BCE)Esta institución, que opera desligada de cualquier control democrático, se ocupa de asegurar las condiciones monetarias para la reproducción continua del capitalismo europeo. La separación de esta institución del control democrático y la imposición de políticas económicas estrictamente antiinflacionarias representan una de las últimas victorias del liberalismo del siglo 20. En sí misma la inflación no va contra los intereses de las clases trabajadoras, siempre que los salarios suban en consonancia con los precios. La gente que se ve más afectada por la inflación es la clase de los rentistas cuyos depósitos y activos productores de interés se deprecian. Puesto que estas personas de todas formas se oponen al socialismo, un gobierno socialista no debería preocuparse demasiado de las pérdidas financieras que pudieran sufrir, si no fuera por otros efectos sociales de la inflación.
La incertidumbre sobre los precios futuros puede conducir a una psicología social de inestabilidad que pueda hacer perder la fe en el orden social. Y por esta, y no por otra razón, es deseable que un gobierno socialista en Europa siga una política de estabilidad de precios. Ciertamente, nuestras propuestas de reemplazar el dinero con vales laborales son equivalentes a una política a largo plazo de reducción de precios.
Dado un objetivo de establecer una economía socialista fundada en el pago equivalente del trabajo, la reforma necesaria es un paso necesario para lograr ese fin.
Sugerimos que el BCE tenga obligación legal de mantener un valor estable de la moneda en términos de trabajo. Un prototipo de esto lo podría constituir la exitosa política monetaria de los Laboristas británicos después de 1996. En esos días el gobierno puso la política monetaria bajo la supervisión de un comité de economistas expertos (el comité de Política Monetaria) en vez de políticos, y les fijó una clara obligación legal de lograr una concreta tasa de inflación. Uno podría haber esperado que esta política resultara severamente deflacionaria, pero no fue el caso. En parte porque, al contrario que el BCE, el comité estaba legalmente obligado a evitar la deflación y la inflación.
Donde nuestra propuesta difiere de esta política es en el objetivo que se fija, a saber, fijar el valor del Euro en términos de trabajo más que en términos del índice del coste de la vida, y en defender una composición democrática del Comité de Política de Valor que controlaría al BCE.
El objetivo sería fijar el valor del Euro en función de las horas promedio de trabajo incorporado que una hora de trabajo pudiera adquirir.
Existen técnicas consagradas que emplean tablas insumo-producto nacional en función de las cuales puede calcularse la equivalencia entre el dinero y el tiempo de trabajo. Nuestro colega Stahmer lo ha explicado bien. Si en 2009 una hora equivalía a grandes rasgos a 30 euros y la CPV quiere estabilizarlo, tendrían que ajustar la entrada de euros nuevos más arriba o más abajo para asegurar que el intercambio de trabajo incorporado a cambio de euros permaneciera constante. Los Bancos Centrales capitalistas intentan controlar la inflación ajustando el tipo de interés. Si la inflación es muy elevada elevan los tipos de interés. El efecto es ahogar la inversión, reducir la demanda y las presiones inflacionarias. Si se prohíbe el préstamo interés, ¿cómo va a regularse el nivel de precios? O, a la luz de lo que dijimos anteriormente, ¿cómo podría la CVP asegurar que el valor de los Euros en términos de trabajo permaneciera constante?
Un mecanismo de control alternativo sería ajustar el volumen total de préstamos y/o el plazo máximo de los mismos. El banco estatal podría fijar objetivos en cuanto al volumen y la duración máxima de los préstamos. Por ejemplo, si la CPV pensara que el valor de la moneda corriera el riesgo de desplomarse podría limitar la disponibilidad de préstamo o reducir sus plazos. Si los periodos de los préstamos quedaran reducidos de 10 años a 5 años, entonces los pagos mensuales se elevarían, exactamente como pasa con la elevación de los tipos de interés hoy en día.
Otro medio para regular los precios sería la fiscalidad. El papel moneda, como el euro, carece de valor intrínseco, no es sino papel impreso. Tiene un valor que se le imputa, derivado del hecho de que el Estado (o una Confederación de Estados) lo acepta como medio de pago tributario. El hecho de que la gente necesite dinero para pagar impuestos les fuerza a darle valor. Si los gobiernos recaudan inferiores a lo que gastan, subirá el stock monetario lo que conducirá a la inflación. El segundo medio para regular los precios durante la transición del socialismo es ajustar lo niveles tributarios. Los fundamentos de este objetivo son:
-Como la productividad del trabajo tiende a aumentar, un Euro fijado en términos de trabajo permitirá que el poder adquisitivo se incremente cada año haciendo más asequible el coste de la vida.
-Una vez que el valor del euro se ha establecido en función del valor trabajo, el valor en trabajo de los billetes de Euro debería imprimirse en ellos en horas y minutos. Y este mismo hecho sería un acto de pedagogía revolucionaria. Revelaría claramente a los trabajadores como el sistema existente les está estafando.
Supóngase que un obrero trabaja 45 horas a la semana por unos euros, y ve que las horas impresas en los mismos son solo 20. Será consciente de que le están privando de 25 horas cada semana. Esto servirá para elevar la conciencia socialista, y crear una opinión pública favorable a otras medias socialistas.
En la fase final el euro se renombraría en términos de tiempo de trabajo y dejaría de ser una moneda física transferible. La gente tendría tarjetas de crédito electrónicas que computarían sus, digamos, horas estándares europeas, que servirían para adquirir bienes que contuvieran las mismas horas de trabajo, pero que no podrían emplearse en operaciones especulativas privadas.
En vez de tener un comité de economistas ocupado con la regulación del valor del euro, el principio de la democracia participativa implica que la CPV debería componerse tanto de economistas como de miembros del público europeo seleccionados de modo parecido a un jurado.
Este Comité de Política de Valor instituiría comisiones para obtener información de la cantidad de trabajo realizado en las diferentes ramas industriales, así como cuanto valor monetario añadido se produjo en ellas, con el fin de ofrecer una guía para políticas estabilizadoras. La definición del valor monetario añadido sería la misma que ahora se emplea para computar el Impuesto Sobre el Valor Añadido.
3.2 Reforma contable y presión a favor de precios equitativos
Todas las empresas hoy en día tienen que llevar una contabilidad. El Estado debería poner como condición para aprobarla que también desarrollaran una contabilidad en términos de tiempo de trabajo y señalaran este en todos sus productos. Inicialmente las empresas no estarían legalmente obligadas a vender sus bienes a sus valores reales. Podrían intentar venderlos por un precio que podría ser superior o inferior a su valor real. Pero puesto que los consumidores pueden ver ahora cuando se les está cobrando un precio excesivo, tenderán a evitar comprar a las compañías que vendan bienes por encima de su valor real. Esto ejercerá una presión psicológica y de los consumidores sobre las compañías que fijen precios excesivos. También servirá de pedagogía socialista masiva.
Como un paso temprano en esta transición, antes de que todos los bienes tengan sus valores laborales etiquetados, las empresas tendrán que imputar valores laborales a los bienes que adquieren empleando el tipo de cambio impreso entre Euros y horas de trabajo. Añadirán al valor laboral de sus insumos las horas de trabajo que fueron desempeñadas por sus trabajadores para conseguir un valor laboral para el producto final.
A nivel de la Contabilidad Nacional y de la Unión, la UE también debería avanzar hacia un sistema doble de contabilidad, contabilidad laboral junto con monetaria. Porque, a nivel de política económica de la UE, hay muchas cuestiones donde la contabilidad laboral ofrecería más información que la monetaria. Por ejemplo, al evaluar el nivel presupuestario requerido para alcanzar el pleno empleo, es mucho más sencillo y expreso hacerlo si uno compara el gasto en trabajo con las reservas laborales conocidas bajo la forma del paro. Además se requerirían tablas físicas de insumo producto, y tablas que recojan la producción de dióxido de carbono. La contabilidad monetaria encubre el hecho de que lo que hace la política económica del gobierno es reasignar el trabajo social. El dinero es el velo bajo el que se desarrolla la asignación real del trabajo. Consagrar los derechos laborales en la ley.
Las pruebas científicas muestran que en el mundo capitalista el valor monetario de los bienes está abrumadoramente determinado por su contenido laboral. Los estudios muestran que en l mayoría de las economías la correlación entre los valores laborales y los precios es del 95% o superior. Así que la hipótesis científica de Adam Smith acerca del trabajo como fundamento del valor ha sido corroborada estadísticamente. Este hecho científico debería reconocerse legalmente.
3.3.1. El derecho a no ser explotado
El derecho comunitario debería reconocer que el trabajo es la única fuente del valor y que los trabajadores y sus Sindicatos tendrían un derecho legal a demandar a sus empleadores si se les paga menos que el fruto íntegro de su trabajo. Si consideramos las medidas anteriores y el efecto educativo que tendrían, no sería muy difícil someter esa legislación a referendo.
Después de que dicha legislación fuera aprobada, seguiría naturalmente una enorme oleada de activismo de los trabajadores para intentar poner fin a la estafa que ellos y sus antepasados han padecido. También conllevaría un enorme aumento en los salarios reales, que pondría los cimientos de un fuerte apoyo al gobierno socialista.
La clase patronal, por otra parte, contemplaría una caída drástica con la supresión de sus ingresos no ganados. Los patronos que también fueran gerentes activos de la empresa naturalmente tendrían todavía un derecho legal a que se les retribuyera en función de las horas que han destinado a gestionar la empresa, igual que cualquier otro empleado.
Nótese que en esta etapa la implantación del derecho al valor íntegro creado no supondría aún la eliminación de los diferenciales salariales. Un derecho legal al valor íntegro sería un derecho colectivo de todos los empleados dentro de una compañía. Un sistema así crearía poderosas presiones morales a favor de la igualación de las tasas salariales, pero el proceso por el que sobrevendría respondería al desarrollo futuro de la negociación colectiva y de la legislación de derechos civiles. Del mismo modo en que ahora existe legislación contra la discriminación laboral en las retribuciones por razón de sexo, la futura sociedad Europea es muy probable que legisle contra cualquier variante de desigualdad en la retribución.
Los tribunales ante los que se presentarían estas demandas deberían estar constituidos en su mayor parte por jurados más que por jueces profesionales. Los jurados extraídos del grueso de la población es menos probable que se dejen influenciar por los intereses particulares de la clase patronal que los jueces cuya posición y extracción social suele estar cercana a la clase patronal.
3.3.3 El derecho a la democracia industrial
Hemos hecho hincapié en que el Estado permita a los trabajadores actuar de forma colectiva para evitar la explotación. Si los sindicatos ganan demandas interpuestas para lograr el valor total de su trabajo, hay un cierto peligro de que algunas empresas intenten cerrar o despedir trabajadores antes que seguir funcionando. Por lo tanto debería dictarse legislación dirigida a proteger los derechos de los trabajadores que incluyera el derecho a que los empleados, por votación, eligieran a la mayoría de la junta directiva de una compañía.
El efecto acumulativo de las medidas expuestas hasta ahora sería abolir significativamente la explotación capitalista al menos a corto plazo. Existirán dificultades adicionales a largo plazo si no se toman estas medidas, y las examinaremos más adelante.
3.4 Eliminando otras formas de explotación
Además de la explotación de los empleados por los patronos existen otras formas de ingresos no ganados, siendo las más importantes la renta y el interés.
3.4.1 Usura
El interés, obtener dinero a partir del dinero mismo, se consideró pecaminoso durante miles de años. Filósofos tan señalados como Aristóteles lo condenaron. Las encíclicas papales lo prohibieron. La ley Islámica todavía lo prohíbe en los países musulmanes. Pero en los países capitalistas tan grande llegó a ser el poder social de los Bancos y otras entidades financieras que estos reparos morales terminaron cayendo en el olvido.
En los países capitalistas que estaban experimentando una veloz industrialización, como por ejemplo Japón en los años cincuenta y sesenta, prestar dinero a interés tenía una finalidad económica clara, puesto que permitía que los ahorros populares fueran canalizados, a través de los bancos, para financiar la industrialización. Pero una vez que un país se ha industrializado, las empresas financian la mayoría de su inversión a partir de sus beneficios propios. Ciertamente muchas veces tienen tanto beneficio que no saben bien como invertirlos. En vez de pedir prestado a los bancos, las empresas industriales tienen un superávit financiero y son ellas mismas las que presan a los bancos. Los bancos ahora canalizan el superávit financiero de las empresas a préstamos al consumo y a los gobiernos. El préstamo a interés pierde la función progresiva temporal que tuvo durante la industrialización y se convierte en lo que la moral y la religión condenaron: usura pura y simple.
El socialismo debe abolir el interés como una forma de renta. No existirá la clase de los rentistas que no trabajan sino que viven de los intereses que produce su dinero. Así que está claro que, en algún momento, un gobierno que pretenda avanzar con seriedad hacia el socialismo tiene que legislar contra el préstamo de dinero a interés.
Podría establecer, por ejemplo, que no se podría reclamar interés sobre la deuda en los tribunales civiles. Podría imponer penas severas a los que emplearan amenazas o extorsiones para obtener interés.
Pero antes de dar un paso semejante, un gobierno socialista necesita instaurar algo que supla las función económica que en nuestros días aún desempeña el interés.
3.4.3 La Renta
La renta constituye otra modalidad de explotación. Los socialistas la considera inmoral puesto que el dueño de la tierra se enriquece, no como consecuencia de su propio trabajo, sino por el trabajo de otros y por la avaricia de la naturaleza. La renta es, sin embargo, un fenómeno inevitable en una sociedad productora de mercancías. Si existen determinados productos, ya sea el petróleo refinado o los cereales, cuya eficiencia en su producción dependa de la tierra utilizada, se elevarán los ingresos por renta.
En una economía socialista todos los ingresos por renta debería apropiárselos la Comunidad y emplearlos para el bien común. Los Estados socialistas con frecuencia han procedido a nacionalizar las tierras, pero no siempre han hecho pagar una renta por utilizarlas. En el caso de la extracción de minerales carecía de importancia, puesto que la llevaban a cabo empresas estatales y hacer pagar una renta no hubiera sido sino una transferencia ficticia entre diferentes organismo del Estado. Pero no hacer pagar renta a las granjas tendrá inevitablemente el efecto de acentuar las diferencias de ingresos entre las regiones agrícolas más y menos fértiles.
Es ciertamente discutible que la nacionalización de las tierras fuera hoy en día popular en Europa. Una alternativa económica, que a largo plaza acabaría produciendo un efecto análogo, sería fijar un impuesto sobre el valor de renta de la tierra. Es un antiguo objetivo populista propuesto originariamente por Henry George. El umbral del impuesto se fijaría a un nivel lo suficientemente alto para asegurar que los pequeños agricultores pagaran o nada o una cantidad testimonial, pero por lo que a fincas más extensas y más fértiles respecta se fijaría a un nivel confiscatorio de la mayor parte de sus ingresos por renta. El efecto sobre los grandes terratenientes sería privarles de sus ingresos no ganados y en su caso, si recurrieran a la evasión fiscal o se negaran, hacer que sus tierras estuvieran disponibles para usos comunales.
Y es mucho más difícil desde un punto de vista ideológico para personas como el Duque de Atholl hacer una campaña para justificar la evasión fiscal que otra para resistirse a una expropiación en forma.
3.5 Inversión
Aún sería necesario financiar nuevas inversiones. Durante la crisis de 2008 para ciertos estados europeos ha sido necesario tomar el control de amplios sectores del sistema bancario. Partiendo de esta base queda claro que la inversión, al menos en principio, podría ser financiada por préstamos sin interés prestados por una banca pública. En tiempos de recesión, sin embargo, es importante asegurar la disponibilidad de crédito, así que incluso a los países capitalistas no les queda más remedio que controlar el sistema financiero. Pero si esto no se hace cuidadosamente, la expansión resultante de la masa monetaria conducirá al tipo de inflación encubierta que sucedía en la URRS.
La inversión basada en el crédito de funda en la ilusión de que puedes trasponer el coste de la inversión al futuro. Aunque esto puede ser verdad desde el punto de vista del prestatario individual, para la sociedad en su conjunto la inversión de hoy sólo puede acometerse con el trabajo de hoy. Como sociedad no podemos hacer que las generaciones futuras retrocedan en el tiempo para que trabajen por nosotros. Por tanto las economías socialistas confiarán de modo predominante en los ingresos fiscales para financiar la inversión.
3.6 La deuda y la crisis del crédito
Las economías capitalistas avanzadas llevan en sí la posibilidad de la recesión debido a que las clases propietarias tienden a tener más ingresos de los que pueden gastar inmediatamente. En las fases tempranas del desarrollo industrial sus ingresos se canalizaban a través de los bancos para financiar la inversión real. A medida que se iban agotando las reservas laborales, el capital cada vez menos intensivo en mano de obra se enfrenta a la inevitable ley de los rendimientos decrecientes y es cada vez menos rentable. Si la inversión es insuficiente para que exista un equilibrio con el ahorro, se inicia una recesión. La solución keynesiana a semejante dilema era gravar fuertemente a las clases propietarias y gastar lo obtenido en obras públicas para mantener la economía boyante. La solución liberal desde 1980 ha sido reducir los impuestos a los ricos y mediante una regulación diferente hacer mucho más sencillo el crédito al consumo. Y ambas soluciones dieron resultados temporales.
Pero la crisis financiera y crediticia de 2008 marcó un punto de inflexión para el modelo liberal. EL crédito se había sobredimensionado tanto que la ratio de la deuda en relación con los ingresos reales acabó siendo insostenible. El resultado fue una crisis bancaria generalizada. En vez de permitir que los bancos cayeran, el Estado los rescató. Los gobiernos expresaron su alivio por haber evitado un colapso total y en cascada, pero el resultado ha sido un crecimiento de la deuda pública sin precedentes en tiempos de paz. ¿Realmente no existía otra alternativa?
La verdad es que sí. Se podía haber permitido caer a los bancos. Los fondos de garantía de depósitos son generosos. Sólo una muy pequeña minoría de los clientes de los bancos poseen más dinero que los depósitos garantizados. La mayoría no hubiera perdido nada si hubieran caído los bancos. La mayoría de los clientes tienen cantidades de efectivo muy modestas, pero unos pocos clientes ricos tienen decenas de millones en sus cuentas. Para ellos los fondos de garantía de depósitos poco significaban.
El rescate público que ha costado billones de euros se efectuó para proteger a estos escasos potentados. Si se hubiera dado fin a todos los depósitos que superaran la cantidad garantizada, el sistema de clases se hubiera visto amenazado. Pues, como dijo muy acertadamente Adam Smith, ¿qué es el dinero sino el poder de disponer del trabajo de otros? Miles de millones en una cuenta bancaria desempeñan el papel de una carta de nobleza en el feudalismo. Los grandes Duques modernos como Lakshmi Mittal o los Albrecht tienen sus títulos en los discos duros de un banco en vez de en un pergamino, pero exactamente igual que sus predecesores tienen dominio sobre la vida y el trabajo de cientos de miles de personas. De haber cerrado los bancos, hubieran devenido inservibles las tarjetas de crédito y los cheques. Pero en vez de dejarles caer, podría haberse decretado un Jubileo. Se hubieran declarado todas las deudas anteriores al día Cero legalmente nulas, salvo los depósitos protegidos por el fondo de Garantía.
Todos los que sufrían para pagar sus hipotecas y sus créditos hubieran sido liberados. El contribuyente había sido liberado de la pesadísima carga de la deuda nacional, y sorprendentemente los bancos serían de repente supersolventes. Sus activos habrían disminuido en relación con sus reservas de efectivo. La industria continuaría en manos privadas. Pero la abolición de la deuda, que ha constituido una medida radical desde la lejana antigüedad, le hubiera dado tan fuerte a la aristocracia del dinero como la Revolución Francesa golpeó a la aristocracia terrateniente.
Los rusos lo hicieron después de 1917, y poco después los socialdemócratas alemanes lo consiguieron a través de la hiperinflación. Hoy, algunos gobiernos han tomado el camino de los alemanes de los años 20: darle a la máquina de hacer dinero para pagar las enormes deudas en las que han incurrido. La inflación que resulta puede ser dañina tanto para pequeños como importantes depositantes. La alternativa de abolir las deudas sirve para polarizar la opinión pública contra el principal enemigo del pueblo: el rentista. Al tiempo que se beneficia a la mayoría.
3.7 Finanzas públicas
Esto nos lleva al tema general de las finanzas públicas. Las economías socialistas característicamente tienen un nivel de gasto público superior a la capitalistas que se hallan en un nivel comparable de desarrollo. Resulta esencial que el estado tenga un mecanismo eficaz de elevación de sus ingresos, con impuestos que sean fáciles de recaudar y difíciles de evadir. Los estados socialdemócratas como Suecia confiaban en impuestos sobre la renta junto con un funcionariado eficaz. La URSS se basaba en impuestos sobre la producción de la industrias y sobre los beneficios obtenidos por las empresas del Estado. Qué modelo de recaudación se emplee es una de las cuestiones estratégicas más trascendentales con las que tiene que enfrentarse una economía que camine hacia el socialismo.
A nuestro juicio el sistema tributario soviético tenía grandes carencias, que, a largo plazo contribuyeron al colapso definitivo de la economía soviética:
a)El uso de los impuestos indirectos como los del valor añadido y la búsqued del beneficio, ponía al Estado en posición de capitalista colectivo frente a los trabajadores.
b)Tradicionalmente los socialistas se han opuesto a los impuestos indirectos pues es una forma de recaudación regresiva y no progresista.
c)Resultó en una estructura de precios distorsionada que subestimaba sistemáticamente el trabajo, en detrimento de la eficiencia económica.
d)El énfasis en el beneficio de las empresas estatales es una modalidad oculta de renta, que difícilmente puede ser susceptible de control democrático.
Por lo tanto defendemos vigorosamente confiar en impuestos sobre la renta y sobre los activos más que en los impuestos indirectos. La base tributaria de la Unión debe pasar el IVA a impuestos progresivos sobre la renta y sobre los activos. El Parlamento Europeo debería poder ajustar las tasas tributarias abonadas a la Unión, condicionadas a una mayoría en un referendo a nivel de esta.
Por ahora el parlamento no puede aumentar los ingresos por si mismo, ¡y eso es un elemento fundamental en una cámara genuinamente democrática!
Pero dadas las sospechas que recaen sobre la Unión que existe hoy en día, no sería prudente permitir que el parlamento introdujera nuevos tributos sin apoyo popular.
1.O el parlamento o iniciativas legislativas populares deberían poder proponer nuevos impuestos de la Unión como impuestos sobre la renta, aranceles o impuestos sobre la propiedad siempre que fueran aprobados en plebiscito.
2.Las líneas generales del presupuesto deberían ser sometidas al voto popular.
3.El BCE debería estar sometido al Parlamento.
4. La UE debería democratizarse
La cesura entre la autoridad y el poder económico entre la UE y los distintos Estados nación que aún la componen ha bloqueado, al menos parcialmente, el viejo camino socialdemócrata/keynesiano de enfrentarse a las recesiones. Las restricciones de la política presupuestaria, la falta de control sobre la moneda y los flujos de capital impiden que los estados nación persigan políticas keynesianas de corte clásico. Y al mismo tiempo la UE carece del presupuesto o de la autoridad para suplir a los Estados-nación en esta situación. Una consecuencia de ello es la carenia de una forma política bajo la que el movimiento de los trabajadores de Europa pueda expresarse en políticas socialdemócratas clásicas.
En ausencia de esas políticas no se puede lograr la articulación y organización de la clase trabajadora europea, pues una clase no puede articularse fuera de un partido político en el sentido más amplio del término. Por lo tanto defendemos que es necesario que los movimientos de trabajadores de Europa acometan su propia versión democrática del internacionalismo europeo, puesto que ni los tecnócratas de la UE ni las clases propietarias de Europa pueden hacerlo.
La democratización propuesta constituye el retorno a los principios originales de la democracia europea que se daban en la antigua Grecia, buscando erradicar los elementos republicanos romanos que se implantaron después del la Revolución Francesa. En el núcleo debe radicar el principio de la soberanía popular y de una democracia auténticamente representativa.
1. La soberanía popular debe ser consagrada en el derecho de iniciativa y referendo a nivel europeo en cualquier cuestión en la que se reúna un suficiente número de firmas en suficientes países.
Esta participación directa en votos vinculantes como ciudadanos Europeos en vez de cómo ciudadanos de las diferentes naciones haría que la Unión fuera el centro real de la política. La iniciativa popular animaría la formación de amplias campañas y movimientos a nivel europeo. Podría aprovecharse inmediatamente por el movimiento literal europeo y les ofrecería un importante impulso para unirse en la práctica.
2. Estamos adoptando esta posición conscientemente jacobina a favor de un poderoso centro democrático puesto que sólo este puede tener poder para enfrentarse con capitalistas y finanzas globalizadas.
3. Defendemos que el Parlamento sea un cuerpo ciudadano, no un cuerpo de políticos de élite muy bien retribuidos. Como mínimo pedimos que los miembros tengan que enfrentarse a elecciones anualmente y a una limitación del cargo de un máximo de 2 años para evitar la formación de una clase de políticos profesionales divorciados de la población general. La mitad del Parlamente se elegiría por sorteo en vez de ser elegidos como hoy en función de las listas de los partidos. Esto nuevamente pretende aumentar la participación ciudadana de todas las clases y de todos los géneros.
4.La Comisión Europea debería seleccionarse a partir y por el Parlamento en vez de ser nombramientos políticos.
5.El Parlamento podría legislar en cualquier cuestión y si se enfrentara con un veto del Consejo de Ministros, podría invocar un referendo para sortear a los representantes de los Estados.
Como acotación, sabemos muy bien que las mujeres y los esclavos no podían votar en Atenas, pero hasta el temprano siglo XX las mujeres y los trabajadores no podían votar en Europa bajo el sistema parlamentario. Obviamente no estamos defendiendo la vuelta a la esclavitud y el patriarcado. Lo que estamos diciendo es que los actuales Estados de la Unión derivaron su modelo institucional de la República Romana a través de la Revolución Francesa, y con toda consciencia se levantó un Estado que era muy apto para el dominio de las clases propietarias. Es por ello que los antiguos Griegos se enfrentaron a la traición de sus clases propietarias cuando fueron invadidos por los romanos. La República se veía tanto entonces como ahora como la forma ideal del gobierno de los pudientes.
5. La priorización de las medidas
Las medidas expuestas hasta ahora pretenden socavar los más importantes componentes funcionales del capitalismo y si no se instauran mecanismo alternativos pueden sobrevenir desagradables consecuencias. Acabar con los beneficios pagando a los trabajadores el valor total que crean haría que el desempleo haría que no fuera rentable emplear. Existe el peligro de que los capitalistas vean que es más rentable para ello dejar el dinero en el banco y obtener intereses con ello en vez de usarlo para emplear trabajadores. Es por ello que el interés debe ser abolido antes de introducir el derecho a recibir el valor total.
Además debe ser necesario introducir el derecho de los empleados a votar que su empresa sea cogestionada por un comité con una clara mayoría de empleados en él, para evitar las fugas de capitales y que se cerraran empresas que ahora no serían rentables.
En esta fase de transición la economía sería capitalista todavía pero el papel de propietarios de los capitalistas individuales se vería muy reducido.
La disrupción económica más sería se produciría en el sector financiero donde la rentabilidad de la operaciones en bolsa y de los bancos de inversión de reduciría de modo drástico.
Pero esta reducción podría gestionarse, y no sería peor que los cambios estructurales y reconversiones de industrias pesadas que han sucedido en los últimos 20 años.
Una segunda fase de transición implica el desarrollo de la capacidad de planificación en detalle, fijar el sistema de administración, establecer los mecanismo democráticos de control y fabricación de las redes informáticas y del software que sería necesario para llevar a cabo el tipo de planificación descrita en nuestro libro (Hacia un Nuevo Socialismo, 1993) Inicialmente la planificación sería indicativa, y se iría transformando en imperativa a medida que el sistema se asentara.
6 Conclusión
Hemos expuesto aquí un modelo para la conversión de las economías de la UE que difiere de la tradición de la Socialdemocracia alemana. Las tres fases de la transición se muestran en la tabla de abajo. La Fase 1 expone la situación presente. La 2 la situación presente en tanto las medidas transformadoras que describimos en el presente artículo se aplican. La 3 es la situación que describimos en “Hacia un Nuevo Socialismo”.
| Fase | Dinero | Propiedad/derechos | Coordinación | Impuestos |
| 1 (actual) | Billetes de euro | Derecho del capital al valor añadido | Mercado | Indirectos y directos |
| 2 | Billetes de euro vinculados al trabajo | Derecho del trabajo al valor añadido, sin intereses. | Mercado + bancos públicos | Directos + Impuesto a la propiedad |
| 3 | Cuentas de euros-trabajo intrasferibles [non-circulating] | Derecho del trabajo al valor añadido, sin intereses. | Mercado de bienes de consumo + coordinación cibernética | Impuestos directos + presupuesto democrático |
Al contrario que en el proceso socialdemócrata clásico, no existe un fase distintiva de nacionalización de empresas donde el punto importante es si hay o no una compensación. En vez de ello se adopta un cambio fundamental en el derecho mercantil de modo que es el trabajo en vez del capital el que tiene el derecho al valor añadido. Por lo tanto no existe necesidad alguna de que el Estado compense o compense a los accionistas.
La situación sería análoga a la Decimotercera Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que abolió la esclavitud sin compensar a los propietarios de esclavos. Proponemos que la UE erradique también la esclavitud asalariada. Los accionistas todavía tendrían sus participaciones, pero no podrían obtener ingresos de ellas.
Somos bien conscientes del hecho de que el nuevo proyecto histórico de una civilización post-capitalista es un proceso largo y complejo que hay que ir resolviendo poco a poco, democráticamente y con la participación de todos los seres humanos que deseen vivir en una sociedad mundial ética y democrática. Pero incluso los procesos más gigantescos se ponen en marcha con un paso muy pequeño. Queremos que este programa sea ese pequeño paso adelante y os invitamos a participar en el debate y su evolución con el fin de conseguir una vida más fecunda para todos y la ineludible preservación de nuestro planeta.
