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Comunismo y democracia [II]. Crítica de la crítica despótico-ilustrada contemporánea

“Al acompañar a gobernantes locales de izquierdas en varios países a asambleas populares, he podido comprobar que lo que había era más miedo que confianza en esos sistemas participativos. […] Es algo tan contradictorio y absurdo como si la derecha les tuviese miedo a los empresarios y no tuviese una información fluida y rápida de lo que quieren” (Villasante, 2010).

“Los trabajadores del mundo han esperado durante demasiado tiempo que algún Moisés les conduzca fuera de su cautiverio. Tal Moisés no ha llegado ni llegará. Yo no os sacaría de él, aunque pudiera; pues si pudierais ser sacados, también podríais ser llevados de nuevo a él. Yo aspiro a convenceros de que no hay nada que no podáis hacer por vosotros mismos” Eugene Debs citado en (Draper, 1968).

 “Todo para el pueblo… pero sin el pueblo”

En esta segunda parte del texto comentaremos las diferentes reticencias que las ideas presentadas en la primera parte despiertan, incluso en sectores pretendidamente “progresistas”. Estamos convencidos de que todas tienen una respuesta más que razonable:

  1. Es muy común la idea de que la población no está preparada para votar o administrar eficientemente asuntos tan concretos como la medicina, los transportes o la educación. Pero lo cierto es que no existe algo así como “la eficiencia” en abstracto; siempre se es eficiente para con alguien. Por muy especialista que sea un burócrata, ¿qué asegura que use su conocimiento en favor de la libertad universal y no para la libertad de unos pocos? Cockshott y Cottrell son claros en este punto: “se dice que la complejidad del Estado moderno es tal que sólo una élite de políticos profesionales es capaz de ocuparse” de ella, pero “el argumento de los expertos confunde dos temas. De un lado, está la cuestión del conocimiento técnico en materias específicas […], mientras que, de otra parte, está lo que los griegos llamaban politiké tékne” (algo así como el “conocimiento político”). Cuando hablamos de este último; “cuando toca juzgar si una decisión conviene o no a sus intereses, un dependiente de Drumchapel está igualmente dotado que un diputado de Westminster a la hora de decidir” (P. Cockshott & Cottrell, n.d.). Los especialistas deben ofrecer medios para realizar las necesidades de los ciudadanos, no determinar aquellas en nombre de estos. La política; la cuestión de qué fines sociales son más razonables y convenientes, es algo que rebasa las competencias de cualquier técnico. Por ello, creemos que asuntos como, por ejemplo, los ambientales:

“Deben ser decididos a través de un plebiscito después de un debate abierto en los medios. Si un esquema hidroeléctrico propuesto ha de inundar u valle que es, no sólo un hermoso paraje, sino también un hábitat único, no tiene sentido buscar alguna fórmula económica que decida si el proyecto debe llevarse adelante. El problema es político, no económico. Es decir, la decisión requiere un juicio de prioridades deliberado, y no puede ser reducido a una simple comparación de números” (W. P. Cockshott & Cottrell, 1993).

Pero diremos más. Una respuesta habitual suele ser “vale, esto implicaría autoritarismo, pero, en ciertas ocasiones, es preferible tomar éste a perdernos por los lentos y farragosos procedimientos democráticos”. Este es otro dogma que merece ser reexaminado. Leigh Phillips plantea un experimento mental muy interesante al respecto:

“Si mañana descubriéramos que un gran asteroide se dirige a la Tierra y que podría provocar la destrucción de la civilización humana dentro de cinco años, ¿cuál sería el mecanismo más apropiado para desarrollar un sistema de defensa planetaria y montar una misión para desviarlo? ¿Un gobierno global, elegido democráticamente, que, en pocas semanas, pudiera elegir el mejor plan, después de recibir el asesoramiento de los expertos, y luego dirigir rápidamente los recursos hacia donde los esfuerzos fueran más eficientes y tuvieran más posibilidades de éxito? ¿O una serie de conversaciones multilaterales entre las partes interesadas en las que durante la mayor parte de esos cinco años se debatiera quién se haría cargo de la mayor parte del costo (si está familiarizado con el debate sobre la ‘financiación del clima’, pruebe con la ‘financiación de los asteroides’); qué país obtendría la mayor cantidad de puestos de trabajo del proyecto; qué empresas ganarían los contratos; cómo compartir los datos, la tecnología y las mejores prácticas; y qué ciudad conseguiría acoger la secretaría del proyecto?” (Phillips, 2014).

Desafíos tan alarmantes como los que se avecinan requieren de especialistas, por supuesto, pero también unidad y contundencia en las decisiones. Los únicos procedimientos capaces de conjugar ambas cosas, con la suficiente legitimidad, son los democráticos.

  1. Una variación de este argumento dice que los ciudadanos, aun estando capacitados para la actividad democrática, carecen de la motivación necesaria para desarrollarla. Se nos suele decir que la mayoría de la población aborrece la política y que, por ello, sería imposible un sistema basado en la participación masiva de la misma. Pues bien, nosotros creemos todo lo contrario: la gente aborrece la política porque el Estado burgués los excluye, sistemáticamente, de la misma, no al revés. Es algo bastante evidente si comprobamos la experiencia histórica del movimiento obrero. Cuando la política se reduce a una pugna entre elites, la participación, convertida en un instrumento para acumular o ratificar privilegios, va en decadencia. Es normal. ¿Para qué participar en algo cuando las decisiones se toman fuera de ese algo? “Para eso mejor no hacer nada”. No obstante, cuando las instituciones brindan la oportunidad real de intervenir en el curso de la sociedad, la participación aumenta como la espuma. En las democracias, la ciudadanía, al establecer una verdadera conexión causal entre sus decisiones y sus consecuencias, percibe la política como algo suyo. Y lo que es más, aquellas decisiones, al estar mucho más acotadas temáticamente, y debatirse antes y después de ser implementadas, permiten un continuo aprendizaje de ensayo y error, en ningún sentido equiparable a las actuales elecciones. Algo, dicho sea de paso, abiertamente reconocido por el supuestamente liberal John Stuart Mill, quien afirmaba que “la práctica de la dikasteria [tribunales populares compuestos por sorteo] y la ekklesía [arquetipo de asamblea popular] elevaban las capacidades intelectuales de un ciudadano medio a una altura con mucho superior a la que podamos encontrar en algún otro ejemplo, sea antiguo o moderno” (Finley, 1980). La apatía popular, más que una prueba de la imposibilidad de la democracia, es un indicativo de cuán lejos estamos hoy de ella.

Otras posiciones, en la estela de Madison, rechazan la democracia por razones físico-técnicas del estilo de “solo vale para comunidades pequeñas, pues no puedes meter a toda la ciudadanía en una asamblea”. Respecto a estas, podríamos decir que no hace falta ser un entendido para comprobar que quien apoya este tipo de discursos o no ha profundizado mucho en el tema o esconde otro tipo de razones. Pero hagamos un esfuerzo por analizar esa misma afirmación. Si aseveramos que “solo vale para comunidades pequeñas”, estamos reconociendo que una asamblea puede funcionar perfectamente en una comunidad “pequeña” de, digamos, 60.000 ciudadanos (número aproximado de ciudadanos de la Atenas Clásica en el

  1. siglo V a. C.). El punto es el siguiente: una vez asumido esto, ¿es tan difícil concebir que, igual que una asamblea puede deliberar sobre los asuntos particulares de sus 60.000 ciudadanos, podría, por ejemplo, insertarse en una red de asambleas municipales que, tras deliberar sobre los temas de índole general, participase en plebiscitos que unificasen los votos de toda la ciudadanía? Suiza no es ningún modelo para nosotros, pero lleva valiéndose de procedimientos como estos mucho tiempo sin que nadie parezca poner en duda su existencia. Si a esto le añadimos las posibilidades que nos está aportando la electrónica: debates tele-trasmitidos, videos didácticos de los propios partidos sobre sus propuestas, plebiscitos digitales[1], etc… creemos confirmar que la supuesta “imposibilidad técnica de la democracia” resulta no ser otra cosa que desinterés, en unos casos, e interés porque no se dé, en otros.
  • Por último, para los que piensen que una democracia propiamente dicha sería sinónimo de una “dictadura de la mayoría”, en el sentido coloquial, tenemos una respuesta compleja:

Si se entiende por “dictadura” un mecanismo que acota el abanico de posibilidades laborales bajo criterios supraindividuales, efectivamente, lo es. Podemos garantizar el derecho a un trabajo digno y, por supuesto, la libre elección de una profesión entre las distintas posibles. Lo que no se puede garantizar es que la sociedad vaya a sufragar cualquier cosa. Si, por ejemplo, se descubre que el material que produce la fábrica en la que trabajo contamina de forma excesiva e innecesaria o, en definitiva, ilegal, no puedo exigir que se mantenga esa fábrica y esos empleos. Tendré que virar a otros. Sin embargo —y esto es central— se trata de una dictadura análoga a la que actualmente ejerce el mercado: si un productor no es lo suficientemente competitivo en términos de rentabilidad el mercado, simplemente, lo expulsa; tampoco aquí vale todo. La democracia, aplicada a la economía; esto es, la planificación, funciona, en este sentido, de forma parecida. La diferencia es que el mecanismo de control, en lugar de ser ciego (mediado automáticamente por la competencia entre capitalistas) y estar centrado en la rentabilidad (sólo indirectamente en las necesidades), está conscientemente determinado por la ciudadanía y directamente orientado a la satisfacción de las necesidades de la misma. Sin participar en la satisfacción de estas, no se entiende por qué la sociedad debería recompensar a alguien por su esfuerzo.

Aunque lo cierto es que esto es un mero ejemplo de una crítica más general; esa que cuestiona que, ante una disputa, tengan que prevalecer “los más” sobre “los menos”. Pues bien, si lo que se nos recrimina es, efectivamente, algo así como que “no debemos depender de la regla de la mayoría”, nosotros respondemos con William Morris planteando la cuestión a la inversa:

“El pueblo tendrá que implicarse en la administración, y en ocasiones existirán diferentes opiniones… ¿Qué hacer entonces? ¿Quién debe ceder? Nuestros amigos anarquistas dicen que eso no debe hacerse por mayoría; en ese caso, deberá hacerlo una minoría. ¿Y por qué? ¿Hay algún derecho divino en una minoría?” Morris citado en (Draper, 1968).

Los liberales podrían respondernos que el actual sistema de mercado supone una vía alternativa a estos dos extremos; que en este nadie decide sobre la vida de nadie. Pero ya hemos explicado que esto es esencialmente falso. Los capitalistas deciden constantemente por todos los demás en nombre de las exigencias del Capital. Si a lo que aspiramos es el libre desarrollo de las potencialidades individuales, debemos empezar por asumir que la emancipación es un fenómeno esencialmente social. Las condiciones que dan lugar a nuestra libertad solo pueden ser satisfechas porque hay otros individuos dedicando una parte de su vida a producir los bienes y servicios que las garantizan; porque existe la división del trabajo. Si la libertad supusiese la “no-interferencia” esta sería imposible. Por ello, “hay que evitar ante todo el hacer de nuevo de la ‘sociedad’ una abstracción frente al individuo” (Marx, 2001). Somos un ser social. El asunto a discutir, insistimos, son las posibilidades de esta condición; el mecanismo que queremos que vertebre la división del trabajo en este periodo histórico: uno ingobernable, que se ejecuta indirectamente por decisiones atomizadas y asimétricas, o uno determinable conscientemente, en el que las decisiones se toman de manera agregada y simétrica. El hecho de que cierto sector de la ciudadanía vea incumplidas sus expectativas políticas sucederá en cualquiera de los dos escenarios.

Ahora bien, si lo que entendemos por tal es una situación en la que una parte de la población (la mayoría) tiene la capacidad de suprimir arbitrariamente las libertades de otros (las diferentes minorías), no podemos estar más desacuerdo. A los comunistas se nos suele recalcar que la oposición a la propiedad privada va en esa línea, pero nada más lejos de la realidad. Se rechaza que cualquier minoría acapare la propiedad privada de los medios de producción, precisamente, por suponer un escollo para la autonomía social del resto. El caso no es en ningún sentido análogo al del sexismo, la homofobia, la xenofobia o similares. Todas estas formas de opresión se rechazan por la misma razón que se rechaza la propiedad privada; por suponer un atentado contra el proyecto de libertad universal. La democracia no es la tiranía de la mayoría sino la universalización de la libertad. Así que no, en una democracia propiamente dicha no hay posibilidad de hacer un plebiscito para decidir matar a alguien, perseguir la homosexualidad o similares. El derecho democrático y el equilibrio entre poderes son los garantes de que esto no pase. Equilibrio de poderes que, insistimos, se garantiza de forma mucho más fiable con los mecanismos de elección arriba esbozados (especialmente el sorteo y la revocabilidad de los cargos públicos).

“Pero… ¿y la dictadura del proletariado?”

Quedaría decir algo sobre las situaciones sociales en las que algunas instituciones son democráticas, pero otras no, concretamente, sobre la situación en la que todo, menos la economía, es democrático. Los atenienses fueron testigos de esta: la idea aristotélica del trabajo asalariado como una forma de esclavitud limitada vino traída por la tensión real entre los derechos políticos de los antiguos thetes (más del 50% de la ciudadanía ateniense) y su condición de clase, la cual les dificultaba ejercerlos. Pero no solo ellos. La tan tergiversada idea de marxista de dictadura del proletariado se encuadra en una formación social en la que los trabajadores, aun habiendo conquistado la igualdad política, siguen viéndose limitados por la dominación capitalista. Engels afirmaba que “está absolutamente fuera de duda que nuestro partido y la clase obrera sólo pueden llegar a la dominación bajo la forma de la república democrática”, y, también, que “esta última es incluso la forma específica de la dictadura del proletariado” (Engels, 2001). ¿Qué significa esto? Rosa Luxemburgo lo explica fantásticamente: “¡Sí, dictadura! Pero esta dictadura consiste en la manera de aplicar la democracia, no en su eliminación, en el ataque enérgico y resuelto a los derechos bien atrincherados y las relaciones económicas de la sociedad burguesa, sin lo cual no puede llevarse a cabo una transformación socialista. Pero esta dictadura debe ser el trabajo de la clase y no de una pequeña minoría dirigente que actúa en nombre de la clase; es decir, debe avanzar paso a paso partiendo de la participación activa de las masas; debe estar bajo su influencia directa, sujeta al control de la actividad pública; debe surgir de la educación política creciente de la masa popular” (Luxemburgo, 1918).

La dictadura del proletariado es una “aplicación” de la democracia; un procedimiento jurídico-político más de la misma. Expliquemos esto. Como recalcó Antoni Domènech, no deben confundirse las dictaduras soberanas del siglo XX y las dictaduras comisarías del derecho romano (Domènech & Suárez, 2008). Las primeras, son una forma política en sí misma; la tiranía, un régimen ligado al personalismo, la arbitrariedad y las jefaturas vitalicias. La dictadura comisaria, en cambio, es un procedimiento jurídico compatible con distintas formas políticas. Mediante estas, el soberano y solo el soberano (la ciudadanía, en el caso de la democracia), como en cualquier relación fideicomisaria, establece un mandato a cumplir en un tiempo limitado. Se trata de un convenio asimétrico: el agente no tiene potestad alguna para decidir sobre el ámbito indicado o cualquier otro, simplemente ejecuta órdenes. Por lo tanto, estos últimos “dictadores”, los únicos a los que, por contexto histórico, se podían referir Marx y Engels, a diferencia de los primeros, estarían sujetos formal y materialmente; por la Constitución y por unos cuerpos de seguridad totalmente independientes de los mismos. El error de los últimos ejemplos romanos de dictadura recae —dicho sea de paso— en permitir que amplias facciones del ejército llegasen a depender económicamente del comisario de turno.

Aclarado esto, ¿cuál es la tarea a cumplir de la dictadura comisaria del proletariado? Socializar los medios de producción. Una vez conquistada la democracia (“el primer paso de la revolución obrera” (Marx & Engels, 2017)), cuando el nivel de conciencia es elevado, es razonable iniciar un debate social en torno a la necesidad de democratizar la economía. Si el debate termina con un “Sí” en favor de la socialización, se acuerdan las condiciones de las expropiaciones y se elige una serie de mandatarios con la misión de llevar a cabo lo decidido. Como decíamos, estos últimos dispondrán de un tiempo limitado para ejercer estas funciones y solo estas funciones. En caso de fracaso o extralimitación del cargo, se procederá a la revocación y subsecuente penalización de los comisarios.

Solo mediante esta concepción de la dictadura del proletariado son entendibles las particularidades de una verdadera revolución comunista; una revolución radicalmente democrática, por sus métodos. Marx recalcó incansablemente esta idea en el contexto de la Comuna de París: “así como el aparato de Estado y el parlamentarismo no son la vida real de las clases dominantes sino únicamente los instrumentos generales y organizados de su dominación; las garantías políticas, las formas y modos de expresión del viejo orden de cosas”, la democracia “no es el movimiento social de la clase obrera ni, en consecuencia, (el movimiento) de la regeneración general de la humanidad; es sólo el medio organizado de su acción” (Marx, 1966). La república democrática “no suprime la lucha de clases mediante la cual la clase obrera tiende a abolir todas las clases y, en consecuencia, toda dominación de clase […], pero crea el medio racional en cuyo seno esta lucha de clases puede pasar por sus distintas fases de la manera más racional y más humana” (Marx, 1966). Dicho de otro modo: en tanto que “la revolución es el acto supremo de la política”, “el que la quiere, debe querer el medio, la acción política que la prepara, que proporciona a los obreros la educación para la revolución y sin la cual los obreros, al día siguiente de la lucha, serán siempre engañados” (Engels, 2003). El comunismo avecina cambios de tal envergadura que no surgirán hasta el momento en el que se presenten, conscientemente, como verdaderas necesidades sociales. Cada salto político supone un previo salto en nuestro ser social y, por ende, en nuestra conciencia. La necesidad de la dictadura comisaria del proletariado surgirá de nuestra práctica democrática y no espontáneamente o de la cabeza de algunos iluminados. Al igual que Luxemburgo, Engels, en 1891, estaba convencido de que:

“La época de los ataques por sorpresa, de las revoluciones hechas por pequeñas minorías conscientes a la cabeza de las masas inconscientes, ha pasado. Allí donde se trate de una transformación completa de la organización social tienen que intervenirdirectamente las masas, tienen que haber comprendido ya por sí mismas de qué se trata, por qué dan su sangre y su vida. Esto nos lo ha enseñado la historia de los últimos cincuenta años. Y para que las masas comprendan lo que hay que hacer, hace falta una labor larga y perseverante” (Engels, 1891).[2] Parafraseando a Cockshott (P. Cockshott & Cottrell, n.d.), podríamos decir que estos pasajes son cruciales y la retórica es correcta, pero, tras más de un siglo después, nos preguntamos si lo que se ha venido entendiendo por “intervención directa” es lo suficientemente profundo. Parece claro que, lejos de desgastarnos en arremetidas inútiles, nuestro movimiento debe acumular fuerzas “hasta que desborde por sí mismo el sistema de gobierno actual” (Engels, 1891). Está claro que “las libertades políticas, el derecho de reunión y de asociación y la libertad de la prensa […] son [hoy] nuestras armas” (Engels, 2003). Pero la pregunta clave es cómo usarlas. ¿Qué debería diferenciar tajantemente al movimiento comunista de la política de los reaccionarios? Ya lo hemos dicho, lo característico y esencial es la exigencia de una participación lo más universal posible a través de los únicos procedimientos capaces de hacerlo: las asambleas y los plebiscitos. Nuestra acción política, lejos de reducirse a la mera difusión de ideas; al monólogo discursivo, debería centrarse en la implantación y perfeccionamiento de estos mecanismos; en la resolución de los problemas prácticos que puedan presentarse en cada contexto. En resumidas cuentas, para instaurar la democracia a gran escala, debemos prefigurarla, aprovechando las posibilidades hoy existentes, en todos los nichos que podamos conquistar y en nuestra organización interna[3]. Solo así podría decirse que la clase obrera, en

A día de hoy, podemos decir que disfrutamos de muchos de los frutos de esta lucha: educación, derecho laboral, sanidad, pensiones, etc. Pero nada está garantizado. Las políticas de austeridad desangran lentamente lo que tanto costó conseguir y el equilibrio de fuerzas en el que se basó el Pacto Social de postguerra está roto. Si queremos que nuestras conquistas, pasadas y futuras, lleguen a realizarse en todo su esplendor, necesitamos de un sólido tejido social, que, aunque necesariamente cosido sobre relaciones igualitarias cara a cara, cristalice, a nivel institucional, una manera de hacer que supondrá la superación de la lógica corporativista y sus resquicios personalistas. Las actuales luchas por la efectiva garantía de derechos tan elementales como la vivienda, la salud medioambiental, la actividad laboral, el ocio o el consumo dignos deben ser el catalizador del nuevo amanecer de la fraternidad.

A día de hoy, podemos decir que disfrutamos de muchos de los frutos de esta lucha: educación, derecho laboral, sanidad, pensiones, etc. Pero nada está garantizado. Las políticas de austeridad desangran lentamente lo que tanto costó conseguir y el equilibrio de fuerzas en el que se basó el Pacto Social de postguerra está roto. Si queremos que nuestras conquistas, pasadas y futuras, lleguen a realizarse en todo su esplendor, necesitamos de un sólido tejido social, que, aunque necesariamente cosido sobre relaciones igualitarias cara a cara, cristalice, a nivel institucional, una manera de hacer que supondrá la superación de la lógica corporativista y sus resquicios personalistas. Las actuales luchas por la efectiva garantía de derechos tan elementales como la vivienda, la salud medioambiental, la actividad laboral, el ocio o el consumo dignos deben ser el catalizador del nuevo amanecer de la fraternidad.

Tanto ciudadanía, “interviene directamente” en el proceso revolucionario. Solo entonces podría afirmarse que se está mandando al traste “la vieja política que sostienen las viejas instituciones” (Marx, 2002).

Sabemos que, después de décadas de propaganda burguesa, esta ligazón entre democracia y poder obrero puede sonar extraña, pero lo cierto es que ha sido bastante evidente a lo largo de la historia. Según Aristóteles, “si los caracteres de la oligarquía son el nacimiento ilustre, la riqueza y la instrucción, los de la democracia serán el nacimiento humilde, la pobreza, el ejercicio de un oficio” (Aristóteles, 2005b); “no hay verdadera democracia sino allí donde los hombres libres, pero pobres, forman la mayoría y son soberanos” (Aristóteles, 2005a). Esta sentencia, lejos de ser una interesada interpretación suya, es una descripción sociológicamente realista de las primeras experiencias democráticas. Para el estagirita, las formas políticas deben entenderse en estrecha relación a la situación de clase que generan los distintos procedimientos institucionales. ¿Qué sucede en el caso de la democracia? Desde luego, no se niegan los derechos políticos a las otras clases; los ricos son ciudadanos en la misma medida que el resto. El punto es que esta simple igualdad ya supone, de por sí, la predominancia de los pobres. Al basar la política en procedimientos en los que todos los ciudadanos participan con mismo peso, los desposeídos, que son más y comparten intereses, empiezan a tener la batuta, bien por decantar los plebiscitos, bien por copar la mayoría de cargos sorteados. Dicho de otra manera:

“En la democracia el derecho político es la igualdad, no con relación al mérito, sino según el número. Una vez sentada esta base de derecho, se sigue como consecuencia que la multitud debe ser necesariamente soberana, y que las decisiones de la mayoría deben ser la ley definitiva, la justicia absoluta; porque se parte del principio de que todos los ciudadanos deben ser iguales. Y así, en la democracia, los pobres son soberanos, con exclusión de los ricos, porque son los más, y el dictamen de la mayoría es ley. Este es uno de los caracteres distintivos de la libertad, la cual es para los partidarios de la democracia una condición indispensable del Estado” (Aristóteles, 2005b).

De esta forma, no es que la democracia permita a los desposeídos atacar las libertades de los propietarios (si así fuera no estaríamos en democracia sino en otra cosa), es que la libertad universal, incluso en su estado más embrionario, va aparejada de la pérdida de su soberanía y, en consecuencia, el peligro de sus privilegios[4]. Aun cuando, en sus primeras etapas, la democracia se vea limitada por los privilegios de la propiedad privada, el proceso estará en marcha. Lo que observamos en experiencias democráticas como la Campaña Popular de Kerala o los Presupuestos Participativos de Porto Alegre es que la participación directa permite que los ciudadanos de a pie tengan un papel central en la determinación de las agendas públicas, de tal forma que “las cuestiones que se debaten y deciden se orientan a las directamente vinculadas con los problemas de los sectores sociales mayoritarios de bajos ingresos” (Marquetti, da Silva, & Campbell, 2012). Y no solo eso. Con el desarrollo de los mismos y la apreciable mejora en la calidad de vida de estos sectores, surge una “creciente demanda de más poder por parte de los participantes”, “no sólo [en] el presupuesto sino también [en] otras esferas del gobierno, tanto en sus funciones económicas como no económicas” (Marquetti et al., 2012). Como decíamos, la necesidad de expandir la democracia surge de poner en práctica dicha democracia. Demanda que, a nuestro entender, solo podrá satisfacerse plenamente con la socialización de los medios de producción.  El torbellino que nos arrastra hacia la “dictadura” seguirá girando mientras persistan las corrientes que claman por una división social entre una mayoría desposeída y una minoría propietaria; hasta que la democracia radical sea un hecho y no una posibilidad.

Conclusión

Por todo esto, liberalismo y democracia representan dos tendencias mutuamente excluyentes: una por la sociedad de clases y otra por el comunismo; una por la competencia mercantil y otra por la planificación y la deliberación política. Las instituciones democráticas, mediante sus hábitos, generan un tipo de conciencia caracterizado por la necesidad de expandir la democracia a cada vez más ámbitos. Es lo que algunos han llamado la conciencia revolucionaria. En nuestro contexto, la clase obrera no es el sujeto revolucionario por poseer una especial virtud frente a los demás, sino porque, al ser el último estrato social, su causa es la más favorable a la universalización de la democracia, y, en consecuencia, de la libertad. Por ello, su “conquista de la democracia” (Marx & Engels, 2017) nos aproxima a la abolición de todas las formas de dominación clase. Por ello, aunque “la emancipación de la clase obrera debe ser obra de los obreros mismos”, su lucha “no es una lucha por privilegios y monopolios de clase, sino por el establecimiento de derechos y deberes iguales y por la abolición de todo privilegio de clase” (Marx, 2000).

Apéndice: esquema

 Estado BurguésEstado ObreroEstado Obrero desarrollado
Forma políticaParlamentarismo o, en casos de excepción, dictadura soberana = subordinación de la sociedad al EstadoRepública democrática  = subordinación del Estado a la sociedadRepública democrática desarrollada = subordinación del mercado a la sociedad
Situación socioeconómicaDominación económica y política de la clase burguesa sobre la clase obreraDominación política de la clase obrera en contradicción con la aun existente clase burguesaClase obrera organizada de cara al posible resurgimiento de la burguesía
CulminaciónRevolución democrática (socialización de la esfera política; extensión de la democracia)Dictadura del proletariado (socialización de los medios de producción; expansión de la democracia)¿?

Bibliografía

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Villasante, T. R. (2010). Los Grupos Motores, de la base a las ciber-democracias. Viento Sur, (111), 85–96.


  1. El mismo Cockshott plantea una propuesta interesante en artículos como Cockshott, P., & Renaud, K. (2009). HandiVote: simple, anonymous, and auditable electronic voting. Journal of Information Technology and Politics, 6(June), 60–80 y Cockshott, P., & Renaud, K. (2010). Extending Handivote to Handle Digital Economic Decisions. 1–7.

[2] Ídem.

[3] En siglo XX, esto fue condición sine qua non del auge internacional del movimiento obrero. Si nos centramos en el caso de Alemania observamos que:
“A comienzos del siglo XX, un miembro de la SPD podía asesorarse acerca de cualquier problema legal —no necesariamente laboral— en los gabinetes jurídicos del partido, aprender las primeras letras en una escuela socialdemócrata, aprender las segundas y hasta las terceras letras en una universidad popular socialdemócrata, formarse como cuadro político o sindical en una academia socialdemócrata, no leer otra cosa que diarios, revistas y libros salidos de las excelentes imprentas socialdemócratas, discutir esas lecturas comunes con compañeros de partido o sindicato en cualquiera de los locales socialdemócratas, comer comida puntualmente distribuida por una cooperativa socialdemócrata, hacer ejercicio físico en los gimnasios o en las asociaciones ciclistas socialdemócratas, cantar en un coro socialdemócrata, tomar copas y jugar a cartas en una taberna socialdemócrata, cocinar según las recetas regularmente recomendadas en la oportuna sección hogareña de la revista socialdemócrata para mujeres de familias trabajadoras dirigida por Clara Zetkin. Y llegada la postrera hora, ser diligentemente enterrado gracias a los servicios de la Sociedad Funeraria Socialdemócrata, con la música de la Internacional convenientemente interpretada por alguna banda socialdemócrata” (Domènech, 2019).

[4] Cosa que, en su vena más oligárquica, también percibió Aristóteles: “los principios democráticos conducen derechamente a la injusticia; porque la mayoría, soberana a causa del número, se repartirá bien pronto los bienes de los ricos” (Aristóteles, 2005b).

Antón Bastida y Alirio Noguera

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