Autor: Planning for Entropy1
1. Introducción
Entre las visiones propuestas sobre la forma en que podría estructurarse una sociedad postcapitalista, la planificación democrática de la economía destaca por sus intentos de conciliar la necesidad de una amplia coordinación y la preservación de la autonomía y la autodeterminación locales. Los mecanismos de decisión que propone integran una serie de consideraciones que pueden ser importantes para las comunidades y los individuos a la hora de configurar la sociedad y la economía. Sin embargo, muchas de las primeras propuestas de esa tradición dejaban relativamente poco espacio a las preocupaciones medioambientales, centrándose más en los procesos sociales y económicos. Con la creciente crisis ecológica de las últimas décadas, algunos de los defensores de la planificación democrática han integrado recientemente las cuestiones medioambientales en sus modelos. Aunque estos esfuerzos son ciertamente útiles para hacer avanzar el debate, creemos que hay margen para seguir trabajando con el fin de dar cuenta de las bases biofísicas y ecológicas de los procesos socioeconómicos dentro de un marco de planificación democrática.
En este artículo, comenzamos revisando cómo los modelos de planificación democrática abordan las cuestiones medioambientales, centrándonos especialmente en: (1) la coordinación negociada, desarrollada por Pat Devine y Fikret Adaman; (2) la economía participativa, ideada por Michael Albert y Robin Hahnel; y (3) el enfoque de planificación centralizada informatizada de Paul Cockshott y Allin Cottrell. A continuación, presentamos los conceptos básicos de la economía ecológica, a partir de los cuales ofrecemos una valoración crítica de las características metabólicas y las instituciones ecológicas de los tres modelos de planificación. Por último, esbozamos las formas en que estos modelos pueden modificarse para integrar mejor los principios ecológicos en sus instituciones.
2. Tres modelos de planificación democrática y su relación con el medio ambiente
En lugar de presentar los modelos en detalle, nos centraremos en cómo integran las preocupaciones medioambientales. Los lectores que estén interesados en los detalles pueden consultar en LT (2021) un breve resumen de su lógica y funcionamiento interno.
2.1 Coordinación negociada
Pat Devine publicó “Democracia y planificación económica” en 1988, donde presenta un modelo de planificación democrática basado en la coordinación negociada de las actividades económicas por parte de las personas que se ven afectadas por las decisiones, mediante una mezcla de democracia directa y representativa (Devine, 2019, 60-61). En el modelo de Devine, todas las decisiones económicas importantes se toman al nivel más descentralizado posible.
En el órgano de decisión de cada unidad de producción hay representantes de cuatro sectores: los usuarios de interés general, los proveedores, los trabajadores y la comunidad. Juntos, acuerdan el uso más adecuado de las capacidades productivas mediante un proceso de negociación, teniendo en cuenta los intereses de cada parte (incluidas las preocupaciones ecológicas). Las unidades de producción no pueden invertir directamente en nuevas instalaciones y activos. Esas decisiones las toman los Órganos de Coordinación Negociada sectoriales, donde se reúnen todas las partes interesadas de ese sector o región, eliminando así las fuerzas del mercado de los procesos de inversión. Por el contrario, el intercambio de mercado, definido como el acto de vender productos y servicios que no cambia significativamente la infraestructura de las unidades de producción, se mantiene en el modelo.
Por encima de las unidades de producción se sitúan varias instituciones encargadas de diseñar y aplicar la planificación económica para toda la sociedad. En primer lugar, una Comisión Nacional de Planificación elabora el plan a partir de la información económica recogida por los órganos de coordinación negociada de todas las unidades de producción asociadas. La Comisión de Planificación prepara los escenarios y los traslada a una Cámara de Intereses nacional (que representa a los grupos de interés, incluidos los ecológicos) que elabora un informe sobre los elementos con los que la sociedad civil está de acuerdo o en desacuerdo que se presenta a la Asamblea Nacional Representativa (un gobierno representativo elegido por el pueblo). Los funcionarios elegidos debaten entonces los escenarios hasta que se aprueba un único plan (Devine, 1988, 193-195).
Pat Devine y Fikret Adaman han escrito varios textos sobre la relación entre su modelo y el medio ambiente en los últimos años (ADO, 2003; Devine, 2017), pero no identifican ninguna institución específica dedicada a fines ecológicos en la coordinación negociada. Para los autores, la coordinación colectiva ex ante de la inversión anclaría la actividad económica a las necesidades humanas en lugar de a los beneficios. Desde el punto de vista ecológico, la principal ventaja de una economía planificada democráticamente sobre el capitalismo reside aquí. Dado que las grandes inversiones se planificarán democráticamente, la competencia y los incentivos al crecimiento serán presumiblemente inoperantes, lo que aliviará considerablemente la presión sobre los trabajadores y los ecosistemas.
La planificación participativa a través de la coordinación negociada en todos los aspectos de la vida social permitiría la realización de los dos principios que guían el ecosocialismo: la superación de la fractura metabólica y la división social del trabajo, y la creación, gestión y mejora de una sociedad propicia para la vida buena, para el florecimiento de la naturaleza humana y no humana. La sociedad civil controlaría la política y la economía. (Devine, 2017, 47.)
En otras palabras, no es necesario vincular explícitamente el diseño institucional a las preocupaciones ecológicas, ya que el control democrático proporcionará los resultados deseados de forma natural.
Una excepción es la renta sobre los recursos naturales, que podría considerarse una institución específicamente medioambiental, aunque no haya sido concebida como tal. Esta renta reflejaría la tasa de agotamiento socialmente deseada (dentro de unos límites científicamente establecidos) y permitiría a las unidades de producción tener en cuenta su escasez relativa. «La renta por el uso de cada recurso natural reflejaría la evaluación socialmente determinada de su escasez relativa con respecto al uso potencial actual y, en el caso de los recursos agotables, de su tasa de agotamiento deseada» (Devine, 1988, 201). También en este caso, esta renta se determinaría democráticamente como parte del procedimiento de planificación negociada.
Este abordaje de las cuestiones medioambientales está totalmente en concordancia con el modelo, que se presenta, desde su inicio, como una contribución al «movimiento hacia una sociedad autogobernada» (Devine, 1988, 114). El autogobierno se desarrolla con la politización de la economía, a medida que la sociedad se hace más consciente, en su conjunto, de lo que está haciendo. Es una reincorporación de la economía «tanto en la sociedad como en la naturaleza» (ADO, 2003, 371). Por ello, la coordinación negociada propone que la cuestión de la protección del medio ambiente se tenga en cuenta políticamente al negociar las decisiones de inversión.
2.2 Economía participativa
En 1991, Michael Albert y Robin Hahnel (AH, 1991a, 1991b) desarrollaron un modelo de planificación democrática de la economía, denominado «economía participativa». La economía participativa se centra en la democracia directa que emana de dos instituciones básicas: los consejos de trabajadores y los consejos de consumidores. Las decisiones de producción se toman en el nivel en el que las personas se ven afectadas por ellas. Los consejos de trabajadores gestionan todos los centros de trabajo y se organizan en federaciones en función de su sector de actividad. La remuneración de los trabajadores se basa en el nivel de esfuerzo de las tareas que realizan. La remuneración que reciben los trabajadores les da acceso a los derechos de consumo. La organización de los consejos de consumidores es similar a la de la federación de consejos de trabajadores, pero basada en la localización geográfica.
El proceso de planificación se basa en las interacciones entre esos consejos anidados. Están apoyados por una tercera institución, las Juntas de Facilitación de la Iteración (IFB, por sus siglas en inglés), que es un organismo técnico sin poder político y compuesto por técnicos. Las IFB elaboran primero un conjunto de precios basado en la producción del año anterior y en su evaluación de los cambios que se producirán. A partir de esos precios, el consejo de consumo anuncia cuánto piensa consumir y el consejo de trabajadores cuánto piensa producir. La propuesta de cada consejo es aprobada por sus pares y los resultados se acumulan. Las IFB calculan los efectos de estas propuestas en los precios de los bienes, los nuevos precios y la información sobre la demanda y la oferta se devuelve a los consejos. A continuación, cada consejo ofrece una nueva iteración de sus propuestas originales y así sucesivamente, hasta llegar a un plan final en el que la demanda y la oferta estén razonablemente equilibradas.
Al igual que Devine y Adaman, Michael Albert y Robin Hahnel subrayan que la estructura fundamental de su modelo es favorable a la preservación del medio ambiente, o al menos lo es más que el capitalismo y la planificación central (Hahnel, 2005, 206-207). Tres aspectos apoyan este punto de vista: en una economía participativa, 1) nadie será tan pobre como para tener que priorizar su sustento sobre el medio ambiente; 2) los incentivos materiales serán menos pertinentes, por lo que el sistema tenderá a frenar el consumo excesivo; y 3) la asignación de recursos basada en la relación entre el beneficio social y el coste social tenderá a frenar la sobreproducción que se produciría a costa del medio ambiente.
La economía participativa se diferencia de la coordinación negociada en las dos instituciones específicas diseñadas para responder a los problemas ecológicos. La primera es un mecanismo de revelación de daños por contaminación (Hahnel, 2005, 198-203; 2012, 124-129; 2017), en esencia un esquema de contaminador-pagador en el que las comunidades directamente afectadas por la contaminación se incluyen en una Comunidad de Partes Afectadas (CAP) que determina el valor de los daños que la contaminación les ha causado. La CAP puede simplemente prohibir el uso de algunos contaminantes o puede establecer una cantidad de derechos de consumo que sus miembros recibirían para compensar el daño causado por la contaminación. Así se establece un precio por la contaminación que se incluye en el proceso de planificación participativa. Así, el coste de la contaminación forma parte del coste social acumulado de la producción con el que se compara su beneficio social. Para Hahnel «Este procedimiento arroja estimaciones razonablemente precisas de los daños causados por los diferentes contaminantes y, por tanto, conduce a niveles de contaminación razonablemente eficientes» (Hahnel, 2017, 237).
La segunda institución es el procedimiento de planificación a largo plazo (Hahnel, 2005, 203-206; 2012, 129-131; HK, 2020). Este procedimiento ayuda a las generaciones actuales a ver qué gastos quieren hacer ahora, para que el futuro sea mejor en cierto modo. Estos planes a largo plazo se elaboran mediante una colaboración entre la federación nacional de consumidores y la federación nacional de trabajadores. La primera elabora una evaluación de lo que serán las preferencias de consumo de los consumidores en los próximos años, mientras que la segunda elabora una estimación del crecimiento de la productividad en los próximos años. Pero están limitados por una «restricción de equidad generacional», que limita la diferencia entre el nivel de consumo de un año y el del año anterior o posterior. Esta restricción impone la moderación del consumo de la generación actual para preservar el bienestar de la generación venidera. La planificación a largo plazo adoptada delimita el marco en el que debe realizarse la planificación anual. A través de este proceso, se puede inducir a las generaciones actuales a cuidar mejor el medio ambiente. Sin embargo, Hahnel repite que esto nunca es un resultado garantizado; la democracia necesita que las generaciones actuales estén dispuestas a sacrificarse ahora por un beneficio colectivo que llegará más tarde.
Estas propuestas son totalmente coherentes con las principales características del modelo. En su centro está la idea de que las personas deben tomar las decisiones que les conciernen. Por tanto, es lógico que la contaminación sea medida y evaluada por quienes se ven afectados por ella. Sin embargo, los límites de este principio se alcanzan con la planificación a largo plazo, ya que las generaciones futuras nunca están para hablar por sí mismas. Pero el imperativo de equidad obliga a la primera generación a tomar decisiones que sean buenas para las generaciones futuras, respetando la limitación impuesta a su propio consumo.
2.3 Planificación centralizada informatizada
En 1993, Paul Cockshott y Allin Cottrell publicaron “Hacia un nuevo socialismo”, donde desarrollaron un modelo de planificación centralizada informatizada. El modelo propuesto difiere de los anteriores en tres aspectos: la importancia concedida a la dimensión informática, la ausencia de dinero y el carácter centralizado del proceso de planificación.
Según Cockshott y Cottrell, la planificación podría optimizarse mediante algoritmos, la informatización completa del proceso de planificación, el seguimiento en tiempo real de las actividades de producción y la gestión centralizada mediante datos digitales. La Oficina Central de Planificación es la piedra angular del modelo. Compuesta por expertos (economistas, técnicos, informáticos e ingenieros), la principal tarea de la Oficina es elaborar tres tipos de planes: macroeconómicos, estratégicos y detallados.
La planificación macroeconómica establece parámetros generales que pretenden enmarcar el desarrollo económico a largo plazo. Especifica los niveles de inversión para el conjunto de la economía, el nivel de impuestos y el ahorro (CC, 1993, 89-102). El plan estratégico se refiere a la evolución de la estructura de la economía a corto, medio y largo plazo. En él se deciden los sectores a desarrollar y a contratar, los límites medioambientales y el tiempo total que la población está dispuesta a trabajar (CC, 1993, 61-72). En este marco, el plan detallado contiene la asignación anual de recursos (CC, 1993, 73-88). Los planes se someten a votación popular dentro de un sistema político basado en la democracia directa, inspirado en la experiencia clásica ateniense y potenciado por la tecnología informática.
Una vez adoptado, el plan es ejecutado por «proyectos» (más o menos, empresas). La asignación de recursos, suministros, salarios y tiempo de trabajo la realiza digitalmente la Oficina Central de Planificación. Los proyectos son meras unidades administrativas que pertenecen a la comunidad a través del Estado (CC, 1993, 179), como diferentes divisiones de una misma empresa y su ejecutivo. Están gobernados por comités de personas seleccionadas por sorteo.
Los planes se calculan en horas de trabajo, ya que el modelo se basa en la teoría del valor-trabajo. Cockshott y Cottrell pretenden establecer un sistema de ingresos que no sólo compense cada hora trabajada, sino que proporcione una referencia entre lo que el trabajador ofrece a la sociedad y lo que tiene derecho a consumir a cambio. Los salarios y los precios se expresarían en horas de trabajo. Los bonos de horas de trabajo serían intransferibles, tendrían una fecha de vencimiento, no circularían y serían emitidos por la Oficina Central de Planificación, único empleador en el modelo (CC, 1993, 40-47).
Cockshott y Cottrell sostienen que su modelo respetará los límites medioambientales. Una vez más, como las grandes inversiones se planifican colectivamente, la competencia y los incentivos al crecimiento no serán efectivos; por tanto, los trabajadores y los ecosistemas no se verán presionados por esta dinámica. La actividad económica seguirá las necesidades humanas en lugar de los beneficios. Los algoritmos garantizarán que los límites medioambientales determinados políticamente no se traspasen en los procesos de asignación y ajuste.
Aunque dicen que los bienes de consumo social y ecológicamente indeseables se gestionarán con peajes (CC, 1993, 70), y que una propiedad colectiva internacional de la tierra a través de una autoridad global garantizará un uso cuidadoso de los recursos naturales (CC, 1993, 186-188), Cockshott y Cottrell siguen considerando que los recursos naturales son de «importancia secundaria». «Defendemos el uso del tiempo de trabajo como unidad básica de contabilidad porque pensamos que la sociedad tiene que ver con las personas y, al menos por el momento, la forma en que las personas pasan sus vidas sigue siendo más importante que cualquier recurso natural» (CC, 1993, 45). Esto plantea tanto la cuestión de cómo definir las necesidades «humanas» como la de limitar el consumo «innecesario», cuestiones que no abordan los autores.
No obstante, para evitar subestimar el valor de los recursos naturales (ya que se les pondría un precio al coste de su extracción), hay que aumentar las decisiones basadas en el precio con la evaluación cualitativa del impacto medioambiental. «Las consecuencias medioambientales de una acción tienen que ser determinadas por la investigación científica y resueltas por la lucha política» (CC, 1993, 66). Así pues, se concibe que los precios tienen un papel limitado, ya que no pueden transmitir la dimensión política de las cuestiones medioambientales. Esto no es sorprendente, dado el funcionamiento de todo el modelo. Mientras la economía se gestiona mediante ordenadores, los «precios» son indicadores útiles para procesar la asignación de recursos, bienes y servicios. Pero los objetivos de la economía se establecen a través de un proceso político democrático en el que los precios no son fundamentales. Por lo tanto, las cuestiones medioambientales deben tratarse también a través de este proceso.
3. Las cuestiones ecológicas para la planificación democrática
3.1 Planificación y economía ecológica
Gran parte de los debates sobre la viabilidad de la planificación económica se centran en su capacidad para reproducir los resultados de eficiencia de una economía capitalista. Esta preocupación no sólo corre el riesgo de pasar por alto las razones por las que una economía socialista no debería imitar a una capitalista, sino que también demuestra que se descuidan los límites biofísicos dentro de los cuales funciona una economía. Aunque recientemente se han reconocido las cuestiones medioambientales en diferentes modelos de planificación (como se ha comentado anteriormente), siguen sin abordar la cuestión de la escala de la actividad económica, cuestión que constituye la base de la economía ecológica.
La economía ecológica, un campo distinto dentro de la economía heterodoxa, se basa en una perspectiva biofísica de la economía: considera que la economía está integrada en el ecosistema global, donde existen interrelaciones dinámicas entre los sistemas económicos y toda la red de sistemas físicos y sociales. La cuestión de la escala y los límites biofísicos son fundamentales para esta perspectiva, ya que no se pueden subsumir en la asignación (y el correspondiente objetivo de eficiencia) o la distribución (y el correspondiente objetivo de equidad) (Daly, 1992). Así, la economía ecológica introduce la escala (y el correspondiente objetivo de sostenibilidad) como una cuestión que no puede resolverse mediante la asignación o la distribución, sino que debe abordarse en sus propios términos. Esto equivale a reconocer la incrustación de la economía en el sistema social, destacando el papel de la economía política más amplia en la mediación de las interacciones entre los procesos económicos y la dinámica medioambiental. Partiendo de esta perspectiva, la economía ecológica pone en funcionamiento diversos marcos, modelos y herramientas, y proporciona indicadores alternativos de los procesos socioeconómicos (Martinez-Alier, 2003; OAD, 2012).
Esta perspectiva tiene importantes implicaciones para la toma de decisiones económicas y la sostenibilidad ecológica. En primer lugar, la complejidad, la incertidumbre y la ignorancia inherentes a los procesos ecológicos hacen que las implicaciones biofísicas de las decisiones económicas no puedan conocerse ni preverse con exactitud. De ello se deduce que los precios de mercado, ya sean explícitos o imputados, pueden reflejar, en el mejor de los casos, una información incompleta; no reflejan (ni pueden reflejar) todos los aspectos (intertemporales) de los costes y beneficios asociados a un bien o servicio medioambiental concreto. En segundo lugar, el medio ambiente está caracterizado de forma única por las interdependencias sociales y biofísicas: el acto de uno influye directamente en las posibilidades de los demás (Vatn, 2000). Sin embargo, la toma de decisiones atomística en el contexto del mercado no puede dar cuenta adecuadamente de estas interdependencias. En tercer lugar, los precios de mercado no se consideran una medida relevante del valor, ya que no existe un denominador único al que puedan reducirse y agregarse todos los valores atribuidos al medio ambiente; es la noción de «inconmensurabilidad del valor» (Martínez-Alier, 2003; MMO, 1998; O’Neill, 1998). En consecuencia, los precios que se forman en los mercados pueden captar, en el mejor de los casos, un subconjunto de las dimensiones del valor de un bien o servicio medioambiental.
La economía ecológica es, pues, escéptica en lo que respecta a las instituciones dominantes del capitalismo, como el mercado y la empresa privada, donde los procesos de toma de decisiones son privados, atomísticos y dependientes del sistema de precios. Esto se debe a que los mercados fallan en las condiciones del mundo real, pero está más fundamentalmente ligado a la perspectiva particular que ofrece la economía ecológica. Aunque los mercados funcionen a la perfección (por ejemplo, no hay externalidades medioambientales en el sentido convencional), son mecanismos deficientes para la toma de decisiones sociales, ya que están mal equipados para tratar la complejidad y la ignorancia inherentes a los procesos ecológicos, la naturaleza interdependiente del medio ambiente y la inconmensurabilidad de los valores. Además, los mercados fomentan el comportamiento egoísta y refuerzan un marco de mercancías, que corre el riesgo de desplazar los compromisos éticos y las lógicas no utilitarias con respecto al medio ambiente (Bowles, 1991; Vatn, 2007).
Los economistas ecológicos abogan, en cambio, porque las decisiones medioambientales se tomen a través de un proceso social de deliberación, en el que participen efectivamente todos los afectados por la decisión. Ese proceso utilizaría los conocimientos científicos existentes (que en sí mismos suelen ser discutidos), pero también -y más importante- los puntos de vista y valores de todos los que probablemente se vean afectados por los posibles resultados, donde las incertidumbres y los posibles impactos se sopesarían en función de los valores de los implicados. La toma de decisiones colectiva también permite actuar con criterios morales, revela información sobre las interdependencias y fomenta las normas de cooperación y reciprocidad mediante el diálogo razonado. Los economistas ecológicos también defienden alternativas a los precios como métodos de expresión y agregación de valores. Entre ellas se encuentran los métodos de evaluación multicriterio (MMO, 1998), así como el uso del principio de precaución cuando los impactos ambientales son difíciles de medir (es decir, cuando las pruebas científicas son insuficientes, no concluyentes o inciertas) pero potencialmente muy elevados (FR, 1994).
Recapitulando, la economía ecológica introduce la cuestión de la escala biofísica como una dimensión irreductible de la actividad económica que debe abordarse en sus propios términos, y que debe contemplar la sostenibilidad. En cuanto a esto último, la crítica de la economía ecológica a la toma de decisiones basada en el mercado se circunscribe en su mayor parte a cuestiones medioambientales estrechamente definidas; sin embargo, puede extenderse a otras esferas (no explícitamente medioambientales) de la toma de decisiones económicas (AA, 2020). Las herramientas que ofrece la economía ecológica para hacer frente a la complejidad, las interdependencias y la inconmensurabilidad pueden ampliarse como una visión para todas las decisiones económicas que están mediadas por mercados autorregulados con el fin de abordar cuestiones de sostenibilidad. En este sentido, la economía ecológica proporciona una vara de medir con la que se pueden evaluar los distintos modelos de planificación económica, tanto en lo que se refiere a cómo abordan la cuestión de la escala (que se analiza más adelante) como a la forma en que proponen tratar las implicaciones ecológicas de la actividad económica.
3.2 Desde el punto de vista del metabolismo social
Como se ha mencionado anteriormente, la cuestión fundamental que se plantea en relación con la dimensión ecológica de la actividad económica es la de la escala. La escala biofísica debe abordarse en sus propios términos. Se trata de una cuestión mucho más amplia que la de intentar calcular los niveles óptimos de contaminación vinculados a industrias o tecnologías específicas y traducirlos en precios que tengan un impacto asignativo o distributivo. La escala biofísica es un fenómeno macroeconómico y el metabolismo social proporciona el lenguaje para discutir y representar esta cuestión.
Desde una perspectiva biofísica, el proceso económico aparece como un flujo material sujeto a una serie de transformaciones metabólicas desde la fuente hasta el sumidero. Este flujo metabólico incorpora una economía dentro de los ecosistemas y los ciclos biogeoquímicos que hacen del planeta nuestro mundo (MW, 2017). Se rige por las leyes de la física, la química y los principios de la ecología. Entre ellos destacan las leyes de la termodinámica (Georgescu-Roegen, 1971), de la dinámica de los sistemas terrestres y de la resiliencia ecológica, caracterizada por los puntos de inflexión y los umbrales que no deberían sobrepasarse (Rockstrom, et al. , 2009). Esto nos lleva a señalar, en primer lugar, que mientras que los debates clásicos en torno a la planificación democrática se refieren a la producción, circulación y distribución de un producto con valor (ya sea valor de cambio o valor de uso), el proceso metabólico es concebido por la economía ecológica como un flujo de energía y materia que pasa a través de la sociedad y, por tanto, media su reproducción material. En términos materiales, el flujo metabólico (throughput)2 es siempre mayor que lo que percibimos como el producto con valor (PSHG, 2017), y su modo de representación es en unidades biofísicas, no en unidades de valor: toneladas y julios en lugar de dólares, «utilidades» u horas de trabajo (FH, 1997).
Un segundo punto crucial es que, antes de alimentar la producción deseada de bienes y servicios, este flujo de energía y materia debe ser extraído, y una vez que su trabajo está hecho (en un sentido biofísico) y su materialidad es «usada» desde un punto de vista social, lo que en términos de producción se conceptualiza como consumo (por lo tanto, la categoría clásica de «valor de uso»), el flujo metabólico se incorporará en el medio ambiente como residuos y emisiones (Haberl, et al. , 2019). Por último, a medida que el flujo metabólico circula a través de la sociedad, mantiene o se acumula como existencias materiales: artefactos, máquinas, edificios e infraestructuras, así como poblaciones animales (ganado) que median nuestra vida social y biológica y expresan nuestras culturas. El tipo y la masa de existencias materiales que una sociedad acumula, a través de decisiones basadas en el valor de la producción y el consumo (cualquiera que sea el mecanismo), determina en gran parte la necesidad de una determinada escala y composición del flujo metabólico que debe extraerse e incorporarse. Las cuentas de los flujos de materiales en el conjunto de la economía expresan y miden estos flujos.
Extracción y residuo, fuente y sumidero, son los puntos de contacto entre las economías y la naturaleza, entendida aquí como ecosistemas y ciclos biogeoquímicos. Es a lo largo de esta frontera donde los impactos ambientales de una economía aparecen no como «externalidades» sino como la red de relaciones ecológicas, dado el régimen metabólico específico de una sociedad. Esta incrustación biofísica de las economías puede representarse mejor como una «circularidad ecológica»: la dependencia de la extracción y la disipación del trabajo de los ecosistemas y los ciclos biogeoquímicos que absorben y generan los elementos que componen el flujo metabólico. Pueden realizar este trabajo biofísico de forma sostenible o pueden verse forzados a salir del equilibrio y ser empujados a puntos de inflexión en los que se rompen. Dependiendo de la naturaleza y la escala del régimen metabólico de una sociedad, este quiebre -o fractura metabólica (FC, 2020)- puede ser local o global, y puede afectar a elementos centrales o periféricos del flujo metabólico de una sociedad.
Aunque esta integración ecológica de las economías ha sido discutida por diversos eco-marxismos y eco-socialismos en las últimas décadas,3 esta rica corriente de investigación no ha integrado plenamente, hasta ahora, las herramientas y conceptos analíticos desarrollados por los ecologistas sociales y los economistas biofísicos. La mayoría de los eco-marxistas y de la economía política ecosocialista se mantienen dentro de un marco clásico «centrado en el valor», basado en la interacción entre los factores de producción y las prácticas de consumo, a lo que se añaden consideraciones ecológicas y medioambientales. El modelo económico básico es un proceso circular de dos pasos: la producción de un flujo de productos con valor que, una vez consumidos (esto incluye el «consumo productivo»), reproduce insumos como el trabajo creador de valor y el capital fijo. 4 Desde la perspectiva del metabolismo social, la economía se modela como un proceso lineal de cuatro pasos con 1) un punto de extracción; 2) un punto de producción; 3) un punto de consumo; y 4) un punto de desperdicio y disipación del flujo metabólico (BH, 2010). Cada uno de estos puntos está regulado por un conjunto específico de relaciones sociales instituidas y formaciones materiales acumuladas como existencias; cada uno está sujeto a leyes y determinaciones biofísicas, como la ley de entropía o los principios de resiliencia ecológica. En cada punto median las relaciones sociales y los procesos biofísicos; estas causalidades son complejas y no lineales, pero confluyen en estructuras sociometabólicas relativamente estables. Además, cada punto ejerce sus propias determinaciones autónomas en el proceso de producción y debe examinarse como tal; ningún punto puede reducirse a la lógica de otro, ni ser gobernado por otro. Los cambios en una estructura repercutirán en las demás. Por ejemplo, los cambios en la capacidad de perforación pueden repercutir en la capacidad de extracción, mientras que los cambios en las normas de producción y consumo repercutirán en ambos extremos del proceso del flujo metabólico.
3.2 Desde el punto de vista del metabolismo social
La perspectiva del metabolismo social hace surgir naturalmente la interdependencia global, a través de las cadenas de valor que abarcan el mundo y los procesos biofísicos cuya escala trasciende las fronteras nacionales.
Como tal, la transformación sistémica debe concebirse a escala mundial. En la práctica, sin embargo, es probable que cualquier transición se produzca dentro de las fronteras de los Estados-nación existentes, lo que significa que un sistema postcapitalista coexistiría con otras organizaciones económicas, aunque sólo sea en una fase transitoria. Incluso si se pudiera concebir de otro modo, la autarquía no es una opción desde el punto de vista ecológico, por lo que ese sistema necesitaría formas de relacionarse con su exterior y, en cierto modo, preservarse de él, especialmente en su fase de formación. Uno de los objetivos sería diseñar una interfaz para el intercambio internacional que pudiera fomentar las prácticas ecológicas en el interior y favorecerlas en el exterior, con una intención internacionalista y solidaria. Esto plantea dos conjuntos de cuestiones relacionadas: 1) tiene que haber un mecanismo de valoración para determinar las condiciones de intercambio; y 2) la interfaz debe diseñarse de acuerdo con las «buenas prácticas», definidas por lo que está ocurriendo dentro del sistema postcapitalista.
Ambas consideraciones son importantes en una eventual fase transitoria, suponiendo que la transición llegue a ser gradual. Cualquier economía estará inmersa en las cadenas de valor mundiales, y habría que conceder a los procesos de producción nacionales cierto grado de autonomía. Podrían utilizarse herramientas proteccionistas clásicas como los aranceles, aunque tendrían que adaptarse al marco contable implantado en el sistema postcapitalista. Si la contabilidad es multidimensional y tiene en cuenta explícitamente los flujos físicos y los insumos de mano de obra, por ejemplo, tendría que aplicarse a los productos procedentes del exterior, para que éstos sean lo más conmensurables posible con los nacionales. Esto permitiría tanto la integración de estos costes en los cálculos de producción de los insumos, como la comparación de la producción nacional y extranjera en cuanto a las dimensiones consideradas importantes en el proceso de planificación democrática. La autonomía tendría entonces que equilibrarse con la utilidad de la integración, mientras se protegen las prácticas ecológicas y democráticas nacientes y se lleva a cabo la transformación económica nacional.
También hay que determinar el grado relativo de autonomía de las distintas unidades económicas. ¿Se gestionará el comercio a través de algún tipo de junta comercial, que se ocupe tanto de las señales de precios como de las cantidades intercambiadas, o se establecerá un conjunto de reglas del juego relativas a los precios, las cantidades, la naturaleza de los productos que se intercambian, etc., y se dejará a los agentes cierta independencia sujeta a estas reglas? El arreglo institucional real dependerá probablemente de la naturaleza del resto del proceso de planificación, de su potencial transformador (o conservador) y del progreso de la remodelación de la economía, con la disponibilidad de divisas o su equivalente tomada como una restricción explícita. En cualquier caso, esto también deberá concebirse de forma dinámica y evolutiva, teniendo en cuenta el punto final deseado y un camino realista por etapas para llegar a él.
Además, la consideración adecuada de las preocupaciones ecológicas implica que la transformación doméstica por sí sola es insuficiente, como lo sería la simple traslación de otros esquemas de valoración hacia el suyo propio. Probablemente no haya forma de evitar la creación de instituciones deliberativas a escala mundial, para reflejar el hecho de que la eliminación de las prácticas coercitivas y de explotación, aunque sea necesaria para alejarse del capitalismo extractivo, no eliminará las diferencias de perspectiva en cuanto a las cuestiones medioambientales. En el espíritu de los modelos de Devine y Adaman, así como de Albert y Hahnel, estas instituciones deberán dar voz a todas las partes interesadas, ponderadas por el impacto que puedan sentir de una decisión determinada, y trascender la idea de soberanía nacional para establecer una responsabilidad y una administración compartidas en cuestiones ecológicas. Esto dará lugar a un engranaje de la gestión local y global, apoyado por las debidas transferencias de recursos. De este modo, podrían coexistir varios sistemas económicos, con interfaces comerciales que permitan diferentes esquemas de valoración e instituciones deliberativas globales para gestionar cuestiones ecológicas cuyo alcance va más allá de las comunidades individuales.
4. Los problemas de los modelos y el camino a seguir
Los tres modelos de planificación analizados anteriormente reconocen la existencia de problemas medioambientales y la necesidad de abordarlos. Se frenaría el imperativo de la acumulación y el crecimiento y se daría prioridad a las necesidades humanas sobre los beneficios; una economía planificada es intrínsecamente más adecuada para mantenerse dentro de los límites biofísicos. Sin embargo, los modelos examinados aquí no dicen nada sobre cómo se debe abordar la escala biofísica de la actividad económica dentro de la planificación, ni sobre los procesos a través de los cuales se deben establecer los límites. En esta sección abordaremos con más detalle los problemas específicos de los modelos desde una perspectiva ecológica, a través de las dimensiones expuestas en la sección 3, y ofreceremos una forma de superar estos problemas.
4.1 Los problemas de los modelos actuales
Cockshott y Cottrell delegan la cuestión de los límites biofísicos en gran medida en la autoridad central de planificación: a pesar de afirmar que los límites medioambientales se determinarían políticamente, no se discute mucho el proceso de su determinación. En particular, se desconoce cómo se abordarían las cuestiones de complejidad e ignorancia, así como las interdependencias sociales y biofísicas, a la hora de establecer los límites ecológicos. Esto es problemático, especialmente si los límites biofísicos van a ser determinados por el grupo de expertos que se prevé que compongan la autoridad de planificación y sin mecanismos de deliberación más amplios, ya que estos últimos son indispensables para sopesar las incertidumbres y los posibles impactos en términos de los múltiples valores implicados. En cuanto a la inconmensurabilidad de los valores, Cockshott y Cottrell se oponen explícitamente a tomar decisiones sobre el medio ambiente basadas en los precios y abogan por un proceso político; sin embargo, no se delinean los detalles del proceso ni los criterios/indicadores que pueden incluirse como alternativa a los precios.
Además, si bien Cockshott y Cottrell analizan el intercambio internacional, lo hacen desde un punto de vista ricardiano, cuya pertinencia está ligada a su adopción de la teoría del valor-trabajo como dispositivo contable y al carácter centralizado de la planificación. No se dice nada sobre el medio ambiente, pero sí sacan a relucir la necesidad de hacer compatibles dos sistemas contables diferentes -los precios capitalistas y el tiempo de trabajo-, cuestión que se plantearía también con la contabilidad multidimensional. En pocas palabras, un país socialista se limitaría a participar en los mercados extranjeros de materias primas y de divisas después de haberlos suprimido en su país, ajustando al mismo tiempo la valoración de las materias primas según su propia métrica. Aunque sea viable como interfaz comercial, este esquema parece bastante limitado en su potencial para abordar las preocupaciones ecológicas.
La coordinación negociada propuesta por Devine y Adaman, en cambio, se basa explícitamente en mecanismos de participación en la asignación de la capacidad productiva. A pesar de que no se pronuncian sobre cómo establecer específicamente los límites biofísicos, su modelo ofrece un marco en el que las consecuencias sociales y ecológicas de los cursos de acción alternativos podrían debatirse y sopesarse desde la perspectiva de las partes interesadas situadas de forma diferente, incluidas las decisiones sobre los límites de la actividad económica. En este sentido, la planificación participativa puede extender potencialmente los mecanismos previstos por la economía ecológica para tratar la incertidumbre, la complejidad y la interdependencia al ámbito más amplio de las decisiones económicas. Sin embargo, el modelo tampoco dice nada sobre cómo se trataría la inconmensurabilidad de los valores y qué tipo de criterios no monetarios se utilizarían en las deliberaciones. Los autores admiten que han dejado sin respuesta la cuestión internacional, pero afirman que «los principios subyacentes al modelo de coordinación negociada podrían aplicarse a las transacciones económicas internacionales» (Devine, 1988, 253). Esto deja completamente abierta la forma en que estos principios podrían aplicarse al comercio global, o a las cuestiones medioambientales globales.
Por último, la extensión de Hahnel (2005; 2012; 2017, 2020) a la economía participativa especifica dos mecanismos distintos. El primero se basa en que las comunidades directamente afectadas por la contaminación decidan el precio y el nivel de la misma. Los límites biofísicos de la actividad económica surgen así de la valoración monetaria (individual) de los daños de la contaminación, asignada por los afectados. Paradójicamente, el punto de vista de Hahnel no se diferencia mucho de la solución neoclásica a las externalidades medioambientales, ya que imita un proceso de negociación “coasiano” que daría lugar a un nivel de contaminación «eficiente». Esto es muy preocupante desde la perspectiva de la economía ecológica por varios motivos. En primer lugar, dado que los procesos ecológicos están marcados por la complejidad, la ignorancia y los desfases temporales, no hay forma de conocer los impactos y los costes de la contaminación (acumulada) en el futuro. Los impactos ambientales imprevistos e incognoscibles pueden muy bien ser mucho más costosos de lo que se calcula ex ante, y la cantidad de contaminación permitida de antemano puede ser mayor de lo que realmente resultará «eficiente» en el futuro. En segundo lugar, los impactos de la contaminación se reducen a una simple medida cuantitativa que no capta los múltiples valores asociados al medio ambiente y a los que no se puede poner precio. Por último, este mecanismo no reconoce los impactos interdependientes de la contaminación en el ecosistema en general, así como los que no están directamente (o actualmente) afectados por los daños. En este sentido, la propuesta de Hahnel está mal equipada para tratar los problemas de complejidad, ignorancia e interdependencia que son fundamentales para la sostenibilidad ecológica.
El segundo mecanismo, en cambio, se basa en un procedimiento de planificación a largo plazo que, se espera, tenga en cuenta el bienestar de las generaciones futuras mediante la aplicación de determinadas normas y objetivos. Aunque este mecanismo parece prometedor, su reducción a un proceso de votación basado en las preferencias de la generación actual es problemática. La formulación de Hahnel descarta un procedimiento deliberativo, en el que las incertidumbres y los posibles impactos puedan sopesarse mediante un proceso social/colectivo. Como ya se ha dicho, este procedimiento es necesario no sólo porque revelaría información y conciencia de las interdependencias, sino también porque las preferencias no son fijas y los valores pueden cambiar mediante un diálogo razonado. Un mecanismo de votación que no tenga en cuenta estas dimensiones no es adecuado desde la perspectiva de la economía ecológica.
En cuanto a las relaciones internacionales, Albert y Hahnel subrayan que su trabajo se centra en la economía y no puede abarcarlo todo, pero que la economía participativa es compatible con una perspectiva internacionalista (Albert, 2003, 288). Este optimismo subestima la importancia y la complejidad de las conexiones globales para los sistemas económicos y ecológicos.
4.2 El camino a seguir
Se ha demostrado en otros lugares (Laibman, 2015; Tremblay-Pepin, 2015, 2017, 2022) que los tres modelos aquí revisados podrían beneficiarse enormemente de: 1) la evaluación a través de un marco que vaya más allá de las oposiciones limitantes de política/economía y mercado/planificación; y 2) ser considerados como modelos complementarios en lugar de competidores. Aquí nos basamos en estas conclusiones, pero damos un paso más.
4.2.1. Un nuevo marco para analizar los modelos
En cuanto al marco necesario para juzgar los diferentes modelos de planificación y sus instituciones asociadas, Laibman (2015) ha propuesto que se consideren dos «dimensiones»: organización y regulación. Esas dimensiones se formulan como espectros con dos polaridades. La dimensión de la organización se refiere a dónde se toman las decisiones y se divide entre central y descentralizada. La dimensión de la regulación se refiere a la forma de la información que se prevé que circule en el modelo y se divide entre «cuantitativa/digital» y «cualitativa/verbal». Estas dos dimensiones son utilizadas por Laibman como ejes en una cuadrícula en la que clasifica los diferentes modelos (los tres analizados aquí y otros, incluido el de Coordinación Iterativa Democrática Multinivel que él mismo diseñó). Su opinión general es que los modelos óptimos (como el que él propone) se encuentran en el medio de ambos ejes y son capaces de lograr un equilibrio entre las dos polaridades que deben «integrar orgánicamente».
Simon Tremblay-Pepin (2015, 2017, 2022) está de acuerdo en que la organización y la regulación son importantes, pero añade otras tres dimensiones que son focos de tensión inherentes a la planificación económica democrática, y para las que los modelos también deberían buscar un equilibrio. Estas dimensiones son la limitación, la formalización y la totalización. Limitación se refiere a dónde se trazan los límites de la actividad económica, externa o internamente. La formalización está relacionada con el grado de institucionalización de las actividades sociales en el modelo, que varía de estructurado a espontáneo. La última dimensión, la totalización, tiene que ver con la naturaleza de las discusiones entre los actores que generan los modelos: si los actores deliberan sobre problemas específicos relacionados con sus preferencias, o generan una visión global de hacia dónde debería ir su sociedad.
Estas dimensiones adicionales también son útiles para evaluar la relación de los modelos con la ecología. Evidentemente, la limitación es una cuestión clave a la hora de abordar las cuestiones ecológicas. La mayoría de los modelos tienen como objetivo la toma de decisiones autónoma, pero la humanidad se enfrenta a limitaciones externas (equilibrio ecosistémico, leyes termodinámicas, etc.) que son, en cierto modo, independientes de su voluntad. ¿Cómo se pueden tener en cuenta estas limitaciones externas sin caer en una trampa tecnocrática o ecofascista?
La totalización es otra dimensión, obviamente crucial. ¿Cómo pueden los agentes cuidar el medio ambiente y tomar decisiones ecológicamente correctas si se centran en problemas a pequeña escala que sólo les afectan a ellos? La complejidad y la interdependencia biofísica inherentes a los sistemas ecológicos hacen que la planificación a distintas escalas sea imprescindible para la sostenibilidad. Además, la escala a la que se experimentan los problemas medioambientales no coincide necesariamente con los límites de los ecosistemas. Por ello, los modelos deben permitir a los agentes tomar decisiones al nivel más amplio posible (incluido el internacional), pero de forma informada y consecuente.
La dimensión de la formalización podría parecer que no tiene un impacto ecológico, pero de hecho puede ser fundamental para un giro ecológico en la planificación democrática de la economía. Muchos pioneros del pensamiento ecológico mostraron cómo la autoproducción espontánea (Gorz), la actividad convivencial a pequeña escala (Illich, Schumacher) y la tecnología a escala humana (Bookchin) son importantes para mantener la escala de las actividades económicas dentro de los límites ecológicos. El pensamiento feminista y ecofeminista (GG, 2008) también demostró que la economía de los cuidados es esencial para centrarse en objetivos distintos de la acumulación. Esta economía vernácula, a menudo basada en los bienes comunes (Pineault, 2020), debería integrarse y valorarse en los modelos de planificación democrática que se aplican a las actividades económicas más formalizadas que tienen lugar en los lugares de trabajo.
4.2.2. Una fusión y nuevas instituciones
Como se ha mencionado antes y en otros lugares (Laibman, 2015; Tremblay-Pepin, 2015), los modelos presentados anteriormente tienen diferencias reales, pero en su mayoría son complementarios y se han enfrentado más por las circunstancias y la retórica que por la lógica interna. Esto también es cierto desde el punto de vista ecológico, ya que muchas instituciones desarrolladas en estos modelos serían más eficientes si se utilizaran conjuntamente. La medida de rendimiento empresarial multicriterio propuesta por Laibman (2015), que incluye elementos ecológicos cualitativos y ofrece uniformidad entre empresas, también debería añadirse a la mezcla de instituciones que ayudarían a desarrollar un modelo unido.
Pero las secciones anteriores han demostrado que las instituciones existentes no son suficientes para tener en cuenta las cuestiones ecológicas. Los modelos de planificación económica democrática se han construido en torno al doble proceso típico de la economía clásica: producción y consumo. En particular, las limitaciones y posibilidades medioambientales se han examinado dentro del lenguaje reduccionista de los precios y las categorías de producción. Una planificación ecológica del proceso económico tendría que:
- Construir instituciones de planificación deliberativa a lo largo de todo el flujo de materiales y energía, es decir, teniendo en cuenta los cuatro momentos del proceso económico;
2. Instituir categorías no reduccionistas que expresen el metabolismo social en términos biofísicos y ecológicos, en lugar de en términos de producción;
3. Crear un marco para gestionar la escala biofísica del flujo metabólico y la naturaleza de las relaciones ecológicas inherentes al metabolismo social de una sociedad postcapitalista.
Una combinación de características ya presentes en los diferentes modelos podría dar una primera respuesta interesante al punto 1; esto debería ser objeto de futuras investigaciones. La investigación sobre el decrecimiento y la ecología social puede aportar fácilmente algunas respuestas a los puntos 2 y 3. En términos de lenguaje, se ha desarrollado una expresión estandarizada del metabolismo de las sociedades mediante la «contabilidad de los flujos de energía y materiales a nivel de toda la economía», o EW-EMFA por sus siglas en inglés. Se trata de sofisticados marcos de contabilidad nacional que no sólo son capaces de representar la escala de los flujos de las economías en términos biofísicos (es decir, toneladas y julios), sino también de descomponer este flujo en categorías ecológica y metabólicamente relevantes y, finalmente, trazar la transformación de los flujos de una etapa a otra. Con este lenguaje sería posible planificar en detalle la composición y el tamaño del flujo metabólico de una economía determinada, así como desglosar este proceso de planificación a los niveles micro y meso mediante herramientas como el «análisis del ciclo de vida» aplicado a los componentes elementales del rendimiento deseado. Sin embargo, es imprescindible que este lenguaje biofísico se complemente con otros lenguajes de valoración y con múltiples criterios de evaluación que puedan considerarse importantes desde la perspectiva de actores sociales situados de forma diferente. Es decir, los indicadores biofísicos no deben convertirse en un lenguaje reduccionista más que se supone que representa todo lo que está en juego con el medio ambiente.
5. Conclusión
Los modelos de planificación económica democrática desarrollados en las últimas décadas son esfuerzos cruciales para vislumbrar cómo podría ser una sociedad postcapitalista. Sus implicaciones deberían ponerse en práctica de forma crítica, fusionando y revisando los modelos para responder adecuadamente a la cuestión central de nuestro siglo: la ecología. Los defectos que señalamos en los modelos son simplemente eso: defectos que se pueden arreglar. Sin embargo, para solucionarlos es necesario ver la economía a través de una lente ecológica, con las herramientas adecuadas. Hemos sugerido algunos principios que consideramos valiosos para explorar. Nuestra esperanza es seguir avanzando en este programa de investigación a través de la discusión en camaradería con otras personas que trabajan en modelos de planificación democrática de la economía.
Referencias
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Notas
- Planning for Entropy es un grupo de autores compuesto por Bengi Akbulut (profesor de la Universidad de Concordia), Mathieu Dufour (profesor de la Universidad de Quebec en Outaouais), Frédéric Legault (doctorando en la Universidad de Quebec en Montreal), Eric Pineault (profesor en la Universidad de Quebec en Montreal) y Simon Tremblay-Pepin (profesor en la Universidad de Saint Paul University).
- Nota de la traducción: throughput es un término utilizado en economía ecológica que se refiere al flujo de materia y energía desde las fuentes de la naturaleza través de la economía y de vuelta a ésta como residuo.
- 2 En términos generales, han surgido dos tradiciones. Por un lado, una tradición realista, que reconoce la importancia de trabajar con un orden de causalidad natural adecuadamente captado por las categorías y conocimientos de las ciencias biofísicas. Por otro, los enfoques socioconstructivistas, interesados en la producción cultural y simbólica de las estructuras de significado que informan las prácticas materiales. Los enfoques metabólicos sociales pertenecen sin duda a los primeros. En esta tradición, véase FC, 2020. Para una crítica de los enfoques constructivistas, véase Malm, 2017, y para una defensa, véase WGR, 2017.
- Este es el modelo básico que Marx presenta en el capítulo 23 de El Capital I sobre la reproducción simple. Se moviliza de nuevo en el volumen II, cuando desarrolla sus esquemas de reproducción más formalizados más formalizados. Que sepamos, entre los ecomarxistas solo Jason Moore ha intentado ir más allá de este marco, pero estamos de acuerdo con Malm (2017) en que su enfoque hibridista fusiona causalidades sociales y biofísicas en un magma confuso, en lugar de articularlas de una manera dialécticamente productiva. Los enfoques neoclásicos comparten con el enfoque clásico este modelo de flujo circular de dos niveles de la economía. Sobre la apropiación crítica de Marx de las ideas fisiocráticas para construir sus esquemas, véase Burkett, 2003.
